Las protestas se concentraron principalmente en el centro y el occidente del país y tuvieron como principal reclamo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Según las autoridades bolivianas, los cortes provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades.
La investigación se originó a partir de los bloqueos de rutas impulsados durante siete semanas. (Foto: archivo)
El Gobierno también atribuyó a las protestas pérdidas económicas superiores a los U$S 3.000 millones.
La denuncia fue presentada a comienzos de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La causa incluye además al dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece detenido de manera preventiva desde el 6 de julio en otra investigación relacionada con los mismos acontecimientos.
La posición de Morales
El expresidente negó haber promovido la salida de Rodrigo Paz y sostuvo que las movilizaciones tenían como objetivo exigir respuestas del Gobierno a los reclamos de distintos sectores sociales.
Sin embargo, el 24 de mayo publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que el mandatario tenía únicamente dos alternativas frente al conflicto: militarizar el país o convocar a elecciones dentro de los siguientes 90 días.
Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la COB, el Gobierno decretó el estado de excepción el 20 de junio para desactivar los bloqueos. A partir de esa medida, efectivos policiales y militares fueron desplegados en distintas rutas para despejar los cortes y restablecer la circulación.
La otra orden de captura contra el expresidente
La nueva disposición judicial se suma a otra orden de detención que pesa sobre Morales desde una causa por trata agravada de personas.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una de sus principales bases políticas y sindicales, donde es custodiado por seguidores que buscan impedir su arresto.
En esa investigación, Morales está acusado de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija durante su mandato presidencial.
En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y ordenó nuevamente su captura luego de que no se presentara al inicio del juicio. Desde entonces, las fuerzas de seguridad sostienen que aguardan las condiciones adecuadas para ejecutar la medida.