La religiosa más complicada es Kumiko Kosaka con denunciadas por abusos sexuales simple y gravemente ultrajante. Es la única que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria.
Durante el primer juicio los chicos contaron en cámara Gesell cómo los abusaban, que eran obligados a practicar sexo oral delante de otros y demás atrocidades.
El cura italiano Nicola Corrari, condenado a 42 años de prisión.
Empieza este lunes el segundo megajuicio por los abusos sexuales que se cometían contra chicos hipoacúsicos en el ex Instituto Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo. Nueve mujeres están acusadas de ser entregadoras y facilitarles los niños a los curas abusadores. Las principales acusadas son dos monjas.
La justicia buscará conocer si encubrían en forma sistemática y no denunciaban las aberraciones que sucedían en "la casita de Dios". La religiosa más complicada es Kumiko Kosaka, de 46 años, con denunciadas por abusos sexuales simple y gravemente ultrajante. Es la única que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria. Todas las demás están libres.
En segundo lugar Asunción Martínez, procesada como partícipe primaria. En tanto, la apoderada legal del Próvolo, Graciela Pascual, a quien los chicos reconocían como "la jefa", tendrá que explicar la presunta "omisión". La mujer trabajaba con el director del instituto, el cura Nicola Corradi, de 84 años que recibió una sentencia a 42 años de prisión tras el primero de los juicios, en noviembre de 2019.
En ese proceso también condenaron al sacerdote Horacio Corbacho a 45 años y al jardinero Armando Gómez, a 18 años.
En el juicio que empieza este lunes se imputa a ex directoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán. Además a la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz. Según el caso se las acusa como partícipes necesarias o secundarias por omisión.
“Todas ellas, por acción u omisión, permitieron que les sobrevivientes atravesaran el horror; todas ellas posibilitaron que los abusos, torturas e indescriptibles aberraciones se cometieran contra niñas y niños sordas/os en el Instituto Próvolo de Mendoza. ¡Recordemos sus nombres! Exijamos JUSTICIA para que hechos como los sucedidos no vuelvan a ocurrir NUNCA MÁS ni en Mendoza, ni en ninguna parte del mundo”. Eso asegura un comunicado desde el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo que se conoció este domingo.
Según detallaron a la agencia Télam desde el Poder Judicial, deberán producirse 52 cámaras Gesell y, luego, ver si, de los planteos que surjan, deben declarar. Se fijaron audiencias de debate hasta octubre, aunque no se descarta que el juicio pueda extenderse.
El proceso judicial empezó en noviembre de 2016. Hubo más de 20 denuncias contra sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto por violencia física, psicológica y sexual sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos.
Las condenas a los curas durante el primer juicio fueron históricas: se trató de las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza las ratificó en septiembre.
