Qué pasó con "Pantriste", Javier Romero, el joven de polimodal que disparó y mató a un compañero en Rafael Calzada

Aquella mañana, Romero llevó a la escuela un revólver calibre .22 que había tomado sin permiso de su casa. Durante cinco horas convivió con sus compañeros ocultando el arma. Nadie lo notó. Nadie imaginó lo que estaba por suceder.

El estallido: “Me voy a hacer respetar”

Minutos después de la salida del colegio, cerca de las 13, la rutina se rompió abruptamente. Romero se detuvo en la vereda, miró a sus compañeros y lanzó una frase que quedó grabada en la historia de la violencia escolar en Argentina: “Me voy a hacer respetar”.

Acto seguido, disparó.

El primer tiro impactó en la cabeza de Mauricio Salvador, de 16 años. El caos fue inmediato. Decenas de estudiantes corrieron en todas direcciones, gritos, desesperación, miedo. Un segundo disparo hirió gravemente a Gabriel “Api” Ferrari, de 18 años, quien sobrevivió de manera casi milagrosa.

La escena fue dantesca: chicos refugiándose en comercios cercanos, docentes paralizados, vecinos intentando auxiliar. Mauricio agonizó durante horas y falleció dos días después en el hospital.

Romero, en tanto, huyó del lugar. Arrojó el arma a un arroyo cercano y se escondió en la casa de un familiar. La Policía lo encontró pocas horas después.

La detención y el inicio de una historia judicial compleja

Tras su arresto, comenzó un proceso judicial que, con el tiempo, generaría tanta conmoción como el propio hecho. Romero permaneció detenido en distintas dependencias: primero en una comisaría local, luego en el penal de Sierra Chica y finalmente en Dolores.

Durante ese período, los peritajes psicológicos comenzaron a delinear un perfil inquietante. Los especialistas hablaron de un joven con una profunda acumulación de angustia, aislamiento social extremo y posibles trastornos mentales no tratados.

El juicio, realizado en marzo de 2003, no giró en torno a la autoría del crimen —nunca estuvo en duda— sino a una cuestión clave: ¿era consciente de lo que hacía al momento de disparar?

El fallo que dividió a la sociedad

En abril de 2003, el Tribunal Oral N° 6 de Lomas de Zamora dictó una sentencia que generó indignación, debate y polémica: Javier Romero fue declarado inimputable.

Los jueces concluyeron que había sufrido un brote psicótico en el momento del ataque y que, por lo tanto, no comprendía la criminalidad de sus actos. En consecuencia, ordenaron su internación en una institución psiquiátrica en lugar de una condena penal.

Una frase del fallo quedó resonando con fuerza:

“Estamos en presencia de una tragedia profunda que acompañará a todos los que la vivieron”.

Para la Justicia, Romero no era un criminal en sentido estricto, sino un paciente que requería tratamiento.

¿Qué pasó con Pantriste después del juicio?

Aquí es donde la historia se vuelve difusa, silenciosa y, en muchos aspectos, inquietante.

Tras ser declarado inimputable, Romero fue trasladado a una institución psiquiátrica bajo régimen de seguridad. Allí comenzó un tratamiento prolongado que se extendió durante años, bajo supervisión judicial.

A diferencia de otros casos mediáticos, su figura desapareció rápidamente del foco público. No hubo entrevistas, no hubo reconstrucciones televisivas constantes, no hubo una narrativa sostenida en el tiempo. El sistema optó por el silencio.

Sin embargo, fuentes judiciales y reconstrucciones periodísticas posteriores indican que:

• Permaneció internado durante un largo período, con evaluaciones periódicas sobre su estado mental.
• Su eventual externación estuvo sujeta a estrictos informes médicos.
• Nunca volvió a tener exposición pública ni registros mediáticos relevantes.

Este hermetismo responde, en parte, a la legislación argentina en materia de salud mental y a la protección de pacientes psiquiátricos. Pero también deja una sensación incómoda: el protagonista de una tragedia que marcó a una generación simplemente se desvaneció del mapa.

Una vida en las sombras

Quienes siguieron el caso coinciden en que Romero pasó de ser un nombre conocido en todo el país a convertirse en una figura prácticamente invisible.

No hay certezas públicas sobre:

• Su lugar de residencia actual
• Su estado de salud en los últimos años
• Su reinserción social

Ese vacío de información alimenta interrogantes. ¿Puede alguien rehacer su vida después de un hecho así? ¿Es posible la reintegración? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en ese proceso?