El juicio empezó con la palabra de uno de los defensores de los acusados, quien argumentó que su defendido no estaba involucrada en la estafa piramidal de Generación Zoe. Mientras el abogado hablaba, Cositorto lo observaba con atención.
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Leandro Cositorto, fundador de Generación Zoe, es juzgado junto a Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista.
Cositorto, al igual que Echegaray y Batista, es juzgado por el delito de “asociación ilícita en carácter de organizadores y estafa en modalidad de delito continuado en concurso real en calidad de coautores”.
El abogado de Cositorto anunció que el presunto líder de Generación Zoe ampliará el viernes su declaración, día en que continuará el juicio a las 8.30, en una audiencia a la que están citados cuatro testigos propuestos por la Fiscalía.
La Fiscalía indicó que probarán los delitos que se le imputan
En cuanto a los alegatos de la Fiscalía, representada por los doctores Rubén Barry y Juan Carlos Castillo, la misma sostuvo que durante el juicio se probarán los delitos que se le imputan a los seis acusados por asociación ilícita y estafa.
Las audiencias contarán con la participación de 166 testigos presentados por la fiscalía, la querella y la defensa. Cositorto, Batista y Miguel Ángel Echegaray, los tres referentes de Generación Zoe, llegaron detenidos al juicio, en tanto que los otros acusados, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina, arribaron al proceso en libertad.
El tribunal es presidido por el juez Carbajal, acompañado por los vocales Jorge Carbone y Julio Duarte. Por su parte, la fiscalía está representada por los doctores Castillo y Barry, mientras que Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas son los abogados querellantes.
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El tribunal es presidido por el juez Ricardo Carbajal, acompañado por los vocales Jorge Carbone y Julio Duarte.
Este es solo el primer juicio que enfrenta Cositorto, con 98 denunciantes que son de Corrientes. En paralelo, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero elevó a juicio otra causa en Villa María, Córdoba, a raíz de un pedido de la fiscal Juliana Companys. Pero la presunta mega estafa escaló a niveles impensados, con sedes no solo en distintas provincias de la Argentina, sino también en otros países.