Lo que debía ser una cirugía habitual, practicada con frecuencia en pacientes de diferentes edades, se convirtió en una tragedia irreparable para la familia Viñales.
La provincia de San Juan se prepara para un proceso judicial que promete conmocionar a la opinión pública. El próximo 9 de septiembre se iniciará el juicio por la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que falleció en marzo de 2020 luego de haberse sometido a una operación de amígdalas en la clínica Cáceres.
El único imputado en la causa es el médico Maximiliano Babsía, señalado como responsable de la intervención quirúrgica practicada el 15 de febrero de ese mismo año. El profesional enfrenta cargos por homicidio culposo, bajo la sospecha de haber incurrido en mala praxis.
Lo que debía ser una cirugía habitual, practicada con frecuencia en pacientes de diferentes edades, se convirtió en una tragedia irreparable para la familia Viñales. Julieta ingresó a la clínica con la confianza de que sería un procedimiento sencillo, con una recuperación estimada de pocos días.
Sin embargo, el desenlace fue devastador. Apenas un mes después de la intervención, la joven perdió la vida en circunstancias que despertaron sospechas y reclamos inmediatos de sus familiares. Las dudas sobre el accionar médico comenzaron a circular desde el primer momento, y con ellas, la búsqueda de respuestas en el terreno judicial.
El caso estuvo marcado desde el inicio por la tensión entre la defensa del médico y la insistencia de la familia de Julieta. Inicialmente, Babsía decidió no declarar, amparándose en su derecho constitucional. Pero en una instancia posterior, ya con la investigación en curso, se presentó ante la Justicia para brindar su versión de los hechos y deslindar responsabilidades.
A pesar de sus argumentos, en septiembre de 2022 la Justicia sanjuanina confirmó su procesamiento por homicidio culposo, ratificando la acusación en su contra. Esta resolución fue interpretada como un avance clave por la familia de la víctima, que venía reclamando con firmeza que el caso no quedara en la impunidad.
En la antesala del juicio, la familia Viñales difundió un comunicado que resume la dimensión emocional y social del caso. “No fue fácil”, aseguraron, al recordar los casi cinco años de trámites judiciales, audiencias, pericias y apelaciones.
“Vivimos cinco años de lucha, dolor y búsqueda inquebrantable de justicia”, remarcaron los allegados de Julieta, quienes convirtieron su pérdida en una causa colectiva.
El testimonio familiar también busca poner el foco en la seguridad de los pacientes y la responsabilidad médica, un tema que trasciende este caso particular. “Confiamos en que este juicio represente un paso hacia la Justicia y sirva para visibilizar la importancia de la seguridad del paciente, para que ninguna otra familia atraviese un dolor semejante”, expresaron en el comunicado.
Para los seres queridos de Julieta, el proceso judicial que comienza el 9 de septiembre no se limita a esclarecer las responsabilidades de un médico en particular. “El juicio no es solo por Julieta, sino también por cada paciente y por cada familia que merece recibir atención médica segura, responsable y digna”, señalaron.
El recuerdo de la joven sanjuanina está presente en cada palabra de su familia: “Julieta tenía toda una vida por delante. Su ausencia duele cada día. Ella puede haber sido tu hija, tu hermana, tu sobrina, tu nieta, tu amiga”.
Este enfoque traslada la tragedia personal al plano social: lo que ocurrió con Julieta podría haber pasado con cualquier otra persona. Y esa universalidad del reclamo es lo que otorga a la causa un valor simbólico que trasciende los límites del expediente judicial.
El juicio promete abrir un debate más amplio sobre la responsabilidad médica en la Argentina. La práctica de la medicina conlleva riesgos, pero cuando surgen indicios de negligencia, la frontera entre lo inevitable y lo evitable se vuelve central en la discusión jurídica.
En casos como el de Julieta, la figura de homicidio culposo se aplica cuando se considera que el profesional actuó con imprudencia, negligencia o impericia. El tribunal deberá evaluar si la actuación del médico se ajustó a los protocolos esperados o si, por el contrario, hubo falencias que derivaron en el trágico desenlace.
Desde la operación realizada en febrero de 2020 hasta la confirmación del procesamiento en 2022 y la fijación de la fecha del juicio en 2025, pasaron más de cinco años. Durante ese tiempo, la familia de Julieta tuvo que atravesar un laberinto judicial que incluyó múltiples instancias de apelación, presentación de pruebas y análisis de pericias médicas.
Lejos de rendirse, los Viñales sostuvieron su reclamo con el acompañamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos que resaltaron la importancia de garantizar justicia en casos de presunta mala praxis.
El próximo 9 de septiembre se sentarán en el banquillo los protagonistas de esta historia: el médico acusado, los abogados de ambas partes, los peritos y los testigos que podrán aportar luz sobre lo ocurrido en la clínica Cáceres.
La expectativa es alta, no solo en San Juan sino también a nivel nacional, ya que el caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la seguridad médica y la transparencia judicial.
Para la familia, la esperanza radica en que el fallo pueda marcar un precedente y evitar futuras tragedias. Para el acusado, el desafío será convencer al tribunal de que no tuvo responsabilidad penal en la muerte de su paciente.
El nombre de Julieta Viñales se transformó en bandera de un reclamo más amplio: la necesidad de reforzar los controles médicos, la capacitación profesional y los protocolos de atención.
En tiempos donde la relación médico-paciente atraviesa un delicado equilibrio, casos como este ponen sobre la mesa la importancia de humanizar la medicina y garantizar la seguridad en cada procedimiento.
La tragedia de Julieta se convirtió, así, en un punto de inflexión para su comunidad. Sus familiares, lejos de quedarse en silencio, eligieron exponer su dolor y convertirlo en una demanda social: que la muerte de su hija no sea en vano.
Cinco años después de su partida, Julieta sigue presente en cada marcha, en cada pancarta, en cada comunicado de su familia. Su recuerdo se mantiene vivo no solo en la memoria íntima de quienes la conocieron, sino también en el espacio público, donde su nombre resuena como símbolo de justicia.
El juicio que se avecina será, para muchos, el capítulo más importante de esta historia. Un capítulo que podría traer respuestas, pero también nuevas heridas. Lo cierto es que el 9 de septiembre San Juan volverá a poner los ojos en Julieta Viñales y en la posibilidad de que, finalmente, la Justicia hable.
