La historia de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua en 2018 por el asesinato de su pareja, Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017, volvió a ocupar un lugar central en la agenda judicial y mediática.
La historia de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua en 2018 por el asesinato de su pareja, Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017, volvió a ocupar un lugar central en la agenda judicial y mediática. A casi ocho años del crimen que conmocionó a la ciudad de Gualeguaychú y al país entero, la defensa de la interna presentó un pedido que genera debate: solicita que la joven pueda acceder al uso de un teléfono celular con conexión a Internet dentro de la cárcel.
El abogado Augusto Lafferriere, actual representante legal de Galarza, realizó dos presentaciones formales ante la Justicia de Entre Ríos con el objetivo de que su defendida obtenga la autorización correspondiente. Según se informó, las solicitudes fueron presentadas el pasado 1° de septiembre de 2025 ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Elena Margarita Vicari.
En los escritos, el defensor planteó que Nahir Galarza ha demostrado buena conducta en prisión, cumpliendo con todas las normas impuestas por el régimen penitenciario. Además, señaló que la joven ha buscado superarse en lo académico y personal durante sus años de encierro.
Según la defensa, desde que fue trasladada a la Unidad Penal N°6 de Paraná, Galarza completó más de 15 cursos de formación, algunos vinculados a oficios y otros de carácter educativo. Actualmente, se encuentra cursando una carrera terciaria en Psicología Social, lo cual –argumentó el abogado– evidencia su compromiso con la reinserción social.
Lafferriere remarcó en su escrito que la condenada “respetó todas las normas de conducta” y que el acceso a un celular con Internet le permitiría continuar con su desarrollo académico, así como mantener contacto con su entorno familiar y afectivo de manera más fluida.
Tras recibir la petición, el juzgado resolvió que debía intervenir el Ministerio Público Fiscal (MPF) para evaluar los alcances del pedido. En consecuencia, el organismo tiene un plazo de 24 horas para expedirse sobre la solicitud.
De acuerdo a lo establecido, el MPF deberá analizar si la autorización de un celular con Internet en manos de Galarza no compromete la seguridad penitenciaria ni contradice las normas vigentes. Este punto será crucial, ya que el uso de dispositivos móviles dentro de los penales suele ser un tema sensible en la agenda judicial y política.
El pedido de la defensa de Galarza no es un caso aislado. En los últimos años, varias presentaciones judiciales han girado en torno a la posibilidad de que los internos accedan a celulares e Internet.
Las posturas se dividen entre quienes sostienen que estos dispositivos representan una herramienta educativa y de reinserción social, y aquellos que advierten que su uso puede derivar en conductas ilícitas desde el interior de las cárceles, como la organización de delitos, extorsiones o fraudes virtuales.
En distintas provincias, la discusión ha derivado en resoluciones contradictorias. Algunos jueces han otorgado permisos limitados bajo estrictas condiciones de control, mientras que otros los han rechazado de manera tajante. El caso de Galarza, por su notoriedad pública, promete reavivar este debate en la sociedad argentina.
El nombre de Nahir Galarza quedó marcado en la historia judicial argentina cuando, en 2018, fue condenada a prisión perpetua por homicidio agravado. El tribunal la consideró responsable de disparar dos veces contra Fernando Pastorizzo, su novio de 20 años, durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú.
El juicio generó gran repercusión mediática, ya que se trató de la mujer más joven en recibir una condena de esa magnitud en el país. La defensa en aquel entonces, encabezada por Raquel Hermida Leyenda, desplegó múltiples estrategias para intentar revertir la sentencia, pero todas las instancias judiciales confirmaron la pena.
La propia Galarza, en diferentes momentos, intentó cambiar el rumbo de la causa con nuevas declaraciones. Una de las más resonantes ocurrió en 2022, cuando aseguró que su padre, policía de la ciudad, habría sido el verdadero autor del crimen. Sin embargo, esas declaraciones no prosperaron judicialmente.
Con el fallecimiento de Hermida Leyenda, el abogado Augusto Lafferriere tomó la representación legal de la joven. Desde entonces, ha enfocado su estrategia en reclamos vinculados a las condiciones de detención y en gestiones orientadas a resaltar la conducta de Galarza dentro del penal.
El pedido de un celular con Internet forma parte de esa línea de defensa. Según el letrado, la medida no solo sería un beneficio personal para la joven, sino también un recurso indispensable para su formación académica y su proceso de reinserción social futura.
Mientras la Justicia analiza la solicitud, el tema ya despertó repercusiones en la opinión pública. En redes sociales, muchos usuarios expresaron su rechazo a que una condenada a perpetua pueda acceder a privilegios tecnológicos. Otros, en cambio, sostuvieron que la educación y la posibilidad de mantener vínculos afectivos son parte de los derechos humanos básicos de cualquier persona privada de la libertad.
En el ámbito jurídico, algunos especialistas consideran que el pedido es “plausible en contextos controlados”, siempre que existan sistemas de monitoreo que eviten usos indebidos. Sin embargo, advierten que en casos de alta exposición mediática, como el de Galarza, cualquier decisión genera un efecto multiplicador en otras causas.
El futuro inmediato de la solicitud dependerá de la postura que adopte el Ministerio Público Fiscal. Si el MPF se pronuncia en contra, el juzgado deberá resolver en base a los argumentos expuestos. En caso de que se muestre favorable, la jueza Vicari podría establecer condiciones específicas para el uso del dispositivo, como restricciones horarias, limitaciones en las aplicaciones o supervisión penitenciaria.
