Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la acusada contaba con antecedentes de salud mental y que ya había estado internada durante 2025. Sin embargo, había abandonado el tratamiento y los controles médicos recomendados. Vecinos del inmueble también habían advertido previamente sobre conductas hostiles y episodios erráticos.
Tras la intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, se dispuso una serie de peritajes psiquiátricos para determinar su estado de salud mental. Los informes elaborados por profesionales del Hospital Fernández y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales concluyeron que presentaba un riesgo cierto e inminente tanto para sí misma como para terceros.
Con esos elementos, el juez Béguelin determinó que la psiquiatra no podía comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones al momento del episodio. Por ese motivo, fue declarada inimputable y se ordenó su internación involuntaria excepcional en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear.
Mientras tanto, y para resguardar la seguridad de los copropietarios del edificio de Villa Crespo, la Justicia dispuso mantener una consigna policial permanente en el lugar.