Desde el año 2015, cada 28 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Acceso a la Información. Al instaurarlo, la UNESCO invitó a todos los estados a disponer de leyes nacionales que aseguraran ese derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas.
El derecho de acceder a la información pública instala un cambio profundo en la relación entre la sociedad y el Estado. Cuando se lo reglamenta, se reconoce que los ciudadanos y ciudadanas son dueños de la información, y por lo tanto el gobierno se obliga a entregarla. No obstante, para que eso se materialice no basta con tener un día en el que se conmemore este derecho: hacen falta acciones concretas y sistemáticas.
En este sentido, la construcción de un andamiaje institucional robusto que trascienda a los distintos gobiernos es un proceso trascendental. Este andamiaje debe garantizar principios y mecanismos institucionales que garanticen la máxima publicidad de la información en manos del Estado, más allá de la mayor o menor voluntad que puedan mostrar, a lo largo del tiempo, autoridades administrativas y políticas diversas.
En Argentina, recién en el año 2016 se sancionó una ley que asegura este derecho (Ley Nº 27.725). Esta norma comenzó a implementarse durante 2017 y desde entonces la Administración Pública Nacional recibió un total de 7.364 de solicitudes de información, de las cuales respondió un 94%. Tener una ley que detalla los pasos y vías institucionales para solicitar información, el formato que deben tener estas solicitudes, los plazos que tienen los organismos públicos para entregar la información y los formatos en los que debe entregársela (entre otros aspectos) es el primer paso y el más importante que se dio hasta ahora a nivel nacional.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, los vecinos cuentan con una ley que respalda este derecho desde el año 1998 (Ley Nº 104). Es una de las normas que señalizó la autonomía de la Ciudad. La ley fue modificada en 2016, con un proceso previo participativo de discusión que generó amplio consenso entre los actores clave y también en la Legislatura de la Ciudad.
Se incorporaron tres elementos cruciales para el derecho de acceso a la información. En primer lugar, se obliga al diseño y ejecución de un Plan de Transparencia Activa gubernamental, por lo que el Estado debe publicar proactivamente ciertos tipos de información relevante para el vecino (sin que medie una solicitud).
En segundo término, se creó un Órgano Garante de Acceso a la Información Pública al que el ciudadano puede reclamar en caso de que su solicitud no haya sido respondida, una especie de ombudsperson de la información pública en cada poder del Estado porteño. Esto implica que, aún cuando un área pueda ser más restrictiva o inclusive arbitraria en su interpretación de la ley, el vecino puede pedir a través de un procedimiento muy simple una interpretación más adecuada a esta autoridad, antes de recurrir, eventualmente, a la justicia.
Finalmente, se incorporó una instancia en la que solicitantes y sujetos obligados puedan dialogar para acordar plazos de entrega en determinados casos complejos (por la voluminosidad de la información o la dificultad para obtenerla o compilarla). A partir de estos cambios, los ciudadanos tienen más y mejores herramientas para ejercer su derecho.
Desde la modificación de su ley a fines de 2016, el gobierno de la Ciudad recibió más de 10.000 solicitudes de información de sus vecinos y su promedio anual de respuesta fue de 93%. La celeridad con la que los organismos públicos dieron respuesta a los ciudadanos también incrementó exponencialmente en estos años, aún a pesar del fuerte aumento en la cantidad de solicitudes ingresadas. En el 2016 un 44% de solicitudes fueron respondidas en término escalando a un casi 80% en el 2018.
Los avances de la democracia y de la tecnología ponen a la administración pública cada vez más a la vista del ciudadano. Hagamos de la información pública y de sus mecanismos de acceso un patrimonio común para gobiernos cada vez más cercanos y eficientes.
(*) El autor es Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos, Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires