A diferencia del sistema tradicional, ARCA pone a disposición del contribuyente una declaración jurada preliminar confeccionada con información ya disponible en sus registros.
Quienes adhieren pueden validar o corregir esos datos antes de presentar la declaración definitiva, sin necesidad de completar el trámite desde cero.
Además, la documentación requerida es más acotada. La declaración se limita a informar ingresos gravados, gastos deducibles y el monto a pagar en concepto de impuesto.
Especialistas remarcan que el régimen no exige detallar consumos personales ni informar el patrimonio al inicio y al cierre del período fiscal, como sí ocurre bajo el régimen general.
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El esquema está dirigido a personas humanas alcanzadas por el impuesto a las Ganancias con ingresos anuales de hasta $1.000 millones. (Foto: archivo)
Qué es el "tapón fiscal"
Uno de los principales beneficios previstos por la normativa es el denominado "tapón fiscal". Si el contribuyente presenta la declaración jurada y paga el impuesto correspondiente dentro de los plazos establecidos, ARCA aplica una presunción de exactitud sobre la información presentada.
Esto implica que el organismo considera correctos los datos declarados, salvo que detecte discrepancias significativas, definidas como diferencias superiores al 15% entre los ingresos reales y los informados.
Si no se verifican esas inconsistencias, el "tapón fiscal" impide que ARCA revise declaraciones de años anteriores o investigue fondos que no hubieran sido declarados en el pasado.
Asimismo, el régimen contempla un efecto liberatorio que permite al contribuyente disponer libremente de sus ingresos, siempre que no provengan de actividades ilícitas.
En ese marco, adherir al Régimen Simplificado de Ganancias no impide que un contribuyente deba justificar operaciones patrimoniales, movimientos financieros o adquisiciones ante la Justicia si existe una investigación en curso.
En ese sentido, la ley libera de eventuales acciones vinculadas con cuestiones tributarias, aduaneras o administrativas, pero no excluye eventuales investigaciones por delitos como el enriquecimiento ilícito.