El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal, en la cual plantea que el decreto viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación.
Este jueves, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen no vinculante en el que consideró inconstitucional ese decreto y que el Ejecutivo nacional no alcanzó a justificar la decisión de suspender las clases presenciales en el territorio porteño.
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