La Procuración de la Ciudad de Buenos Aires presentó un escrito este jueves ante la Corte Suprema de Justicia en el que ratifica su postura de mantener la presencialidad en las aulas de su jurisdicción y señaló la "falta de coordinación" entre el Ministerio de Educación nacional y el resto del Gobierno a la hora de definir las restricciones del 9 de abril.
Justicia
El Gobierno porteño insiste con la necesidad de mantener las clases presenciales y se apoya en la "falta de coordinación" de Nación
Asegura que las restricciones están basadas en datos epidemiológicos que son insuficientes al no tener en cuenta la situación particular de la Ciudad.
La Ciudad reiteró su postura ante la Corte Suprema de mantener las clases presenciales.
Los abogados porteños, patrocinados por el procurador Gabriel Astarloa, utilizaron como argumento la postura "en favor de la continuidad de las clases presenciales sostenida ante la prensa por el titular de la cartera educativa (Nicolás Trotta), horas antes que el Presidente de la Nación anunciara en cadena nacional los lineamientos del decreto 241".
También evidenciaron que no hay informes técnicos del ministerio que conduce Nicolás Trotta que sostengan la decisión de el Ejecutivo, por lo que consideraron que "esta omisión refleja no sólo la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del decreto aquí cuestionado".
Mientras el máximo tribunal espera una respuesta de la Procuración General de la Nación sobre el conflicto, la Ciudad expuso que los datos epidemiológicos en los que se basó el Ejecutivo nacional para declarar las medidas no contemplan la situación de la Ciudad, sino del AMBA.
"Presenta datos a nivel mundial, del país y del Área Metropolitana de Buenos Aires, pero en ningún caso presenta información relacionada concretamente con la situación epidemiológica en la Ciudad de Buenos Aires, lo que torna dichos informes en insuficientes a la hora de adoptar una decisión relativa al ámbito de ésta", indica el escrito.
Según los datos provistos por el Gobierno porteño, hasta el 22 de abril hubo 9.008 casos acumulados en el sistema público y privado de educación, y el porcentaje de positividad por contacto ante un caso confirmado fue del 0,012.
De ahí que ratificaron "la necesidad de sostener la presencialidad en forma conjunta con el monitoreo estricto de los indicadores epidemiológicos", concluyeron.
Con esta presentación de la Ciudad, los argumentos presentados el lunes por la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini, y la opinión de la Procuración General, la Corte Suprema deberá emitir un fallo en las próximas horas que resuelva el conflicto y aporte claridad de cara a las próximas restricciones.
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