El tribunal señaló que en el expediente “se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”.
“Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”, reivindicó la Cámara la actuación de Casanello.
Gianni le había dicho a los magistrados que no iban a permitir que ningún juez militante le dijera al Gobierno de Javier Milei cómo manejar la política alimentaria. Lo que generó el cruce con Grabois, que terminó generando un llamado de atención de la justicia.
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El cruce entre Leila Gianni, y el abogado Juan Grabois. (Foto: caputra)
Faltantes de alimentos y marcas distintas
Según informó A24, “hay una multiplicidad de divergencias” entre lo que el gobierno informó y lo que se encontró en el lugar. Esas diferencias están en que falta comida y que los alimentos que estaban vencidos no se encontraban en el lugar.
Por escrito, Pettovello defendió la política alimentaria y negó delito, en tanto el fiscal de Cámara defendió la cautelar. La tarea de decidir le tocó a Irurzun, Farah y Boico, es el primer pronunciamiento que hacen sobre esta causa que decidió en contra de los intereses del Gobierno.