La Justicia federal realizó un procedimiento en la sede central del gremio metalúrgico en el marco de una investigación impulsada por el fiscal Eduardo Taiano.
La Justicia federal realizó este viernes un allanamiento en la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicada en Alsina al 400, en el marco de una investigación que involucra al secretario general del gremio, Abel Furlán, por presuntas irregularidades en la administración de fondos sindicales.
La medida fue ordenada por el juez federal Julián Ercolini a pedido del fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3. La causa busca determinar si existieron delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita vinculados con el manejo de recursos provenientes de los aportes de afiliados.
Según el requerimiento fiscal, la investigación apunta a Furlán y a María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa USEM, a raíz de un contrato firmado entre esa compañía y la UOM. De acuerdo con la denuncia, la firma habría obtenido el control operativo y financiero de una parte significativa de los aportes sindicales, que superan los 100 millones de pesos mensuales provenientes de unos 200 mil afiliados.
En ámbitos judiciales se menciona a Furlán y Calle como imputados dentro del expediente, aunque desde el gremio aclararon que no existe una imputación formal sino un pedido del fiscal para investigar los hechos denunciados. En ese contexto, sostuvieron que el líder sindical aportó documentación de manera voluntaria.
Furlán realizó además una presentación espontánea ante la Justicia en la que puso a disposición los registros del sindicato y atribuyó la denuncia a “una burda operación de prensa” impulsada por dirigentes de una lista opositora que, según afirmó, buscan influir en la elección de la conducción nacional del gremio prevista para el 18 de marzo.
“No existe en lo actuado por la UOM de la República Argentina, ni por ninguno de sus dirigentes, los que firmaron los acuerdos del caso, su secretario general, su secretario adjunto, su secretario administrativo, ni su tesorero, ninguna irregularidad como las que se informan, ni delito alguno, ni cuestión que sea competencia de ese fuero penal extraordinario al que la ha traído el irresponsable denunciante serial ya conocido en el fuero”, señaló el dirigente en su escrito.
En el mismo documento remarcó: “No hay nada irregular ni delictivo. No hubo desmanejos de fondos ni falta de transparencia. Las actuales autoridades del órgano de dirección del sindicato han impulsado numerosas reformas para la transparencia interna de la UOM y la profesionalización de su gestión, con destino a la Certificación ISO de sus procesos de compras, contrataciones y pagos, en todo lo referido a la administración de sus recursos. No ha habido ningún perjuicio patrimonial ni desatención de los intereses de los afiliados, ni administración fraudulenta o desleal, ni fraude, ni asociación ilícita, como temerariamente se denuncia".
La existencia de la causa se conoció públicamente luego de que el periodista Nicolás Wiñazki informara sobre el expediente en el canal A24. En el requerimiento presentado ante el juzgado, Taiano explicó que impulsó la acción penal conforme al artículo 188 del Código Procesal Penal de la Nación.
El fiscal sostiene que se investigan “presuntas conductas fraudulentas” por parte de personas encargadas de administrar recursos de trabajadores afiliados al sindicato metalúrgico, quienes “habrían violado sus deberes y perjudicado los intereses confiados al gestionar de manera infiel el manejo de fondos concernientes a la mencionada organización sindical”.
La hipótesis de la fiscalía se basa en una denuncia presentada el 27 de febrero por opositores a Furlán en la seccional Zárate-Campana. Según esa acusación, el dirigente habría firmado un contrato con USEM que le habría cedido a esa empresa el control del 80% de los aportes sindicales, con facultades para abrir cuentas bancarias, realizar pagos y administrar recursos del gremio.
El acuerdo, según la denuncia, habría fijado honorarios equivalentes al "0,5% de todo lo recaudado por cuotas sindicales —estimado en más de 100 millones de pesos mensuales— y una duración contractual de diez años, con una cláusula que permitiría únicamente a la empresa rescindir el vínculo".
El fiscal también mencionó un posible conflicto de intereses debido a que María Soledad Calle, directora de USEM, “revestiría simultáneamente la condición de empleada en relación de dependencia de la UOM”, lo que podría afectar la independencia en el control de los fondos del sindicato.
Calle fue concejal del Frente de Todos en Zárate, milita en La Cámpora y actualmente ocupa distintos cargos vinculados al gremio.
Entre las medidas solicitadas en la investigación, Taiano pidió requerir a la Inspección General de Justicia la nómina de accionistas y directores de USEM, solicitar información a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales sobre la posible relación laboral de Calle con la UOM y obtener los estados contables del sindicato correspondientes a los últimos cinco períodos.
Desde el ámbito judicial aclararon que la existencia de imputados en una causa no implica una responsabilidad penal confirmada, sino la apertura de una etapa de investigación destinada a determinar si existen elementos que respalden la hipótesis delictiva.
La denuncia se conoció en medio del proceso electoral interno del gremio. Entre el 2 y el 4 de marzo se realizaron comicios en las 54 seccionales de la UOM para renovar autoridades locales. En esas elecciones, Furlán se impuso con el 85% de los votos frente a la lista opositora encabezada por Ángel Derosso, cuyos dirigentes adelantaron que impugnarán el resultado ante la Justicia al denunciar irregularidades.
El próximo 18 de marzo, el colegio electoral del sindicato definirá la conducción nacional de la organización. Furlán buscará obtener su primera reelección, mientras distintos sectores disidentes intentan conformar una alianza de seccionales para disputar el liderazgo del gremio.
