La jueza había remarcado, además, que una medida de tales características debía "efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador".
Al apelar esa decisión, Rivolo sostuvo que "corresponde volver a mencionar que, a partir de la declaración prestada por Bohdziewicz, existe en autos la sospecha de que el diputado nacional podría haber convocado a quienes fueran sus asesoras para eliminar información que, hasta el momento, no sabemos si podría ser de interés para esta u otra eventual investigación".
"Sin perjuicio de que Milman no ha sido formalmente imputado por esta parte en esta pesquisa, lo cierto es que la manera idónea de corroborar tales extremos resulta ser el secuestro del teléfono celular del nombrado -bajo las garantías y previsiones de la normativa de marras, en razón de su rol de legislador-, lo cual permitiría verificar si existieron o no conversaciones alusivas al hecho objeto de la presente investigación, conforme la hipótesis planteada por la querella", señaló.
"En el sentido apuntado, es menester destacar que, a lo largo de la presente investigación, y por orden de Vuestro Tribunal, se han incautado diversos teléfonos celulares que se encontraban en poder de otros testigos y que de varios de ellos ha surgido información relevante para el caso, razón por la cual, no encuentro razones para actuar de un modo diferente ante estos nuevos hechos traídos a estudio", sostuvo el fiscal.