El juez federal Sebastián Casanello volvió a intimar al Gobierno de Javier Milei para que entregue los expedientes correspondientes a las compras de los alimentos acopiados en los galpones de Capital Humano.
El juez federal reclama que el oficialismo cumpla con uno de los requisitos que el Ministerio de Capital Humano pospuso hasta el día de hoy.

Sebastián Casanello volvió a intimar al Gobierno en la causa de los alimentos acopiados (Foto: archivo).
El juez federal Sebastián Casanello volvió a intimar al Gobierno de Javier Milei para que entregue los expedientes correspondientes a las compras de los alimentos acopiados en los galpones de Capital Humano.
Desde la cartera que dirige Sandra Pettovello, de acuerdo a la información de La Nación, notificó este jueves que cumplirá con todo lo solicitado, tras el fallo de la Cámara Federal, dentro de las próximas 24 horas.
La decisión de Casanello se debe a que el oficialismo todavía no cumplió con una de las tres condiciones demandadas en una medida cautelar: el aporte de los expedientes de cada una de las compras.
No obstante, desde Capital Humano si accedieron a las otras dos exigencias tales como presentar un plan de reparto de todos los productos e informar el stock completo de los alimentos acumulados.
En los expedientes que pide Casanello, que el Gobierno no entregó por las sucesivas prórrogas que solicitó, deberían figurar las normas y las razones que justificaron la compra de los productos y también el destino para el que se adquirieron.
Se trata de documentación clave para la causa, puesto que tiene como objeto determinar si hubo un delito de parte de los funcionarios públicos acusados de haber violado sus deberes en cuanto al reparto de esa comida, algo que denunció recientemente el dirigente social Juan Grabois.
Ayer, la Cámara Federal porteña confirmó la cautelar con los pedidos de Casanello al Gobierno. La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Cada uno en su voto llegó a la misma conclusión de respaldaron a Casanello y convalidaron su actuación en un marco que el Gobierno no podía desconocer.
El tribunal señaló que en el expediente “se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”.
“Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”, reivindicó la Cámara respecto de la actuación de Casanello.