Originalmente, la audiencia estaba prevista para el 30 de junio, pero el Departamento de Justicia solicitó postergarla por razones de seguridad. Según explicó la Fiscalía en un documento judicial, el cambio de fecha fue necesario para garantizar un traslado seguro de los acusados y preservar la seguridad pública durante el operativo.
Agentes de la DEA trasladan a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores (Foto de archivo: Reuters)
La decisión coincidió con el desarrollo del Mundial 2026, que concentró gran parte del operativo de seguridad en Nueva York hasta su finalización el domingo pasado. Como Maduro y Flores deben comparecer personalmente ante el tribunal de Manhattan, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) debe desplegar un importante operativo para trasladarlos desde el penal de Brooklyn.
Un proceso judicial de alta complejidad
Otro de los focos de atención estará puesto en el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien encabeza el proceso. Durante la audiencia anterior, el magistrado mostró signos de fatiga lo que generó interrogantes entre especialistas sobre su capacidad para conducir un expediente que promete ser extenso y técnicamente complejo.
Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Cilia Flores está acusada de delitos vinculados con el tráfico de drogas y la posesión de armas.
La estrategia de la defensa
En las audiencias anteriores, los abogados de Maduro sostuvieron que el exmandatario gozaba de inmunidad por haber ejercido la jefatura del Estado venezolano. El propio acusado llegó a definirse como un "prisionero de guerra" ante la Justicia estadounidense.
En esta nueva audiencia, la defensa —integrada por los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly— podría insistir con un pedido para anular el proceso, argumentando presuntas irregularidades en el procedimiento mediante el cual Maduro y Flores fueron capturados en Caracas.
Otro punto relevante del expediente es que, en abril pasado, el Gobierno de Estados Unidos autorizó una flexibilización de las sanciones contra Venezuela para permitir que el Estado venezolano pudiera afrontar los honorarios de los abogados que representan a los acusados, un aspecto que ya fue debatido en las audiencias previas.