La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados bonaerense y propone que los extranjeros sin residencia permanente paguen por la atención en hospitales provinciales y por los estudios de grado en universidades estatales. El proyecto contempla excepciones para emergencias y enfermedades transmisibles.
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados bonaerense y propone que los extranjeros sin residencia permanente paguen por la atención en hospitales provinciales y por los estudios de grado en universidades estatales. (Foto: archivo)
Legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone arancelar la atención sanitaria en hospitales públicos provinciales y los estudios de grado en universidades estatales para extranjeros que no acrediten residencia permanente en la Argentina.
La iniciativa toma como referencia las categorías migratorias establecidas en la Ley Nacional 25.871 y alcanza a quienes tengan residencia temporaria, transitoria o precaria, excluyendo a los residentes permanentes.
Según los fundamentos del proyecto, la medida busca priorizar el uso de los recursos provinciales por parte de los bonaerenses y garantizar una administración más eficiente de los fondos públicos.
“La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”, señala el texto.
Además, agrega que “la gratuidad indiscriminada, tanto en el sistema de salud como en educación, termina perjudicando principalmente a quienes dependen todos los días del hospital público y de la universidad estatal”.
El proyecto tomó estado parlamentario en medio de un fuerte debate en redes sociales que se generó tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. En ese contexto, el diputado bonaerense Agustín Romo, uno de los impulsores de la iniciativa, anticipó la presentación del texto con una publicación en la red social X.
“¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”, escribió.
En materia sanitaria, la propuesta establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones médicas que reciban, ya sea mediante recursos propios, a través de un seguro de salud o por intermedio de un tercero obligado al pago.
Para acceder a prestaciones programadas o habituales, deberán acreditar cobertura o abonar previamente el arancel correspondiente. El cobro se realizaría mediante el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), que actualmente cuenta con mecanismos de facturación y nomencladores vigentes.
Los recursos obtenidos se incorporarían al Fondo Provincial de Salud del SAMO y tendrían como destino la compra de insumos, medicamentos y equipamiento, además de obras de infraestructura y mejoras operativas en los hospitales públicos.
El proyecto establece excepciones expresas para situaciones de urgencia o emergencia. En esos casos, ninguna persona podrá ser rechazada ni ver demorada su atención por cuestiones económicas, y cualquier recupero de costos deberá tramitarse una vez estabilizado el paciente.
También quedarían excluidas del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las acciones vinculadas a la prevención, vacunación, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria.
En el ámbito educativo, la iniciativa obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar aranceles para los estudiantes extranjeros que no posean residencia permanente. Cada institución tendría la facultad de definir los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización a través de sus órganos de gobierno.
“La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar”, sostiene el proyecto.
La propuesta incorpora además un mecanismo de transparencia. Tanto el Ministerio de Salud como las universidades alcanzadas deberán publicar cada año información sobre la cantidad de prestaciones y estudiantes incluidos en el régimen, los montos facturados y cobrados, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los recursos recaudados, sin difundir datos personales.
El Ministerio de Salud bonaerense sería la autoridad de aplicación en materia sanitaria, mientras que las universidades implementarían el régimen educativo en el marco de sus competencias y autonomía institucional.
El texto también invita a adherirse a los municipios que cuenten con hospitales o centros de salud propios. En caso de ser aprobado, el Poder Ejecutivo provincial dispondrá de 90 días corridos para reglamentar la norma, publicar el nomenclador arancelario y definir los mecanismos de facturación. Las universidades tendrán el mismo plazo para adecuar sus reglamentos internos.
Además de Agustín Romo, el proyecto lleva las firmas de Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Mariela Vitale, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Oriana Colugnatti, Gastón Abonjo, Analía Corvino, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Ramón Vera Chávez, Carla Pannelli, Héctor Gay, Maximiliano Bondarenko y Florencia Retamoso.
