Este martes comenzó el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina. En el hecho murieron sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur.
El proceso, que se realiza de manera virtual, busca establecer las responsabilidades en la cadena de mando de la fuerza. No hay responsables políticos.
Comenzó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan.
Este martes comenzó el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina. En el hecho murieron sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur.
En el banquillo de los acusados están cuatro ex altos mandos navales, imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
El proceso está a cargo de los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, y se extenderá durante varias semanas, con audiencias previstas de lunes a jueves en semanas alternadas hasta julio.
El objetivo central del juicio es determinar qué fallas operativas, de mantenimiento o de conducción pudieron haber contribuido a la tragedia que conmocionó al país.
El abogado Luis Tagliapietra, quien representa a los 32 familiares agrupados en la querella, sostuvo que “se está llevando a cabo la lectura de la creación y se le dará la palabra a las distintas partes, por si alguna tiene que formular cuestiones preliminares".
"El tribunal deberá resolver, en su defecto, y seguramente con eso se cumplirá la jornada de hoy. Mañana sí continúa el juicio con la producción de testimonios”, indicó en declaraciones a la prensa.
La sede del debate fue motivo de una fuerte disputa judicial. Finalmente, en octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el juicio se realizara en Río Gallegos.
Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que pretendían trasladar el proceso a Mar del Plata o a los tribunales de Comodoro Py. Argumentaron que el hecho ocurrió en alta mar, fuera de los límites territoriales ordinarios, y que ante la incertidumbre sobre el lugar exacto del delito debía mantenerse la intervención del tribunal de origen.
“La ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino al que arribe el buque. Pero en este caso, la tragedia radica en que, tristemente, el submarino no arribó a puerto alguno”, señalaron.
Los camaristas también advirtieron que un nuevo cambio de sede implicaría una dilación injustificada en una causa que lleva años de espera. Subrayaron la necesidad de brindar una respuesta “adecuada y pronta” a los imputados, a los familiares de las víctimas y a la sociedad.
El inicio del debate oral se produce sin la presencia de ex funcionarios políticos entre los acusados ni como testigos. Días después de que Casación definiera la sede del juicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Los familiares habían denunciado seguimientos y recolección de datos personales entre 2017 y 2018, en el marco de sus reclamos de justicia. La investigación se inició tras el hallazgo de documentos en la sede de la AFI en Mar del Plata, donde constaban informes y registros sobre actividades públicas de los familiares.
En 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados al considerar que las tareas de inteligencia buscaban incidir en el escenario político e institucional. Sin embargo, en julio de 2022 la Cámara Federal porteña revocó esos procesamientos al entender que las acciones se encuadraban en tareas de seguridad presidencial.
Posteriormente, Casación ratificó esa decisión y sostuvo que no existió espionaje ilegal, ya que la información recopilada era de carácter público y respondía a la necesidad de garantizar la seguridad del entonces presidente. La Corte Suprema rechazó los planteos de las querellas y dejó firme el cierre del caso.
El hundimiento del ARA San Juan ocurrió el 15 de noviembre de 2017 tras una explosión en sus baterías mientras navegaba en el Atlántico Sur. La nave desapareció con 44 tripulantes a bordo y fue localizada un año después a más de 900 metros de profundidad.
La tragedia generó una de las búsquedas más extensas y complejas de la historia naval argentina y provocó una profunda conmoción social y política.
Ahora, casi nueve años después, el juicio oral busca establecer responsabilidades penales en la cadena de mando militar y determinar si hubo negligencia en los controles, el mantenimiento o la toma de decisiones que pudieron haber evitado el desenlace fatal.
Para los familiares de los 44 marinos, el inicio del debate representa un nuevo capítulo en una larga lucha por verdad y justicia.
