A ocho años del hundimiento del ARA San Juan, el caso avanza hacia el juicio que tendrá en el banquillo a cuatro oficiales de la Armada por sus presuntas responsabilidades penales, con un debate oral y público previsto para 2026 en Santa Cruz.
El ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017, lo que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. (Foto: archivo).
El hundimiento del submarino ARA San Juan cumple ocho años este 15 de noviembre, una fecha que recuerda a los 44 tripulantes fallecidos, hecho por el cual cuatro altos mandos de la Armada enfrentarán un juicio para determinar su responsabilidad penal, previsto para 2026 en Santa Cruz. En paralelo, el expediente por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas quedó definitivamente cerrado tras la decisión de la Corte Suprema, que incluyó el sobreseimiento de Mauricio Macri.
La Cámara Federal de Casación confirmó el lunes pasado que el debate oral por el hundimiento del ARA San Juan se realizará en Santa Cruz. El tribunal rechazó por inadmisible el pedido para trasladar el proceso a Mar del Plata, una solicitud presentada por Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos y representante de otras familias, quien sostenía que el hecho no ocurrió en Caleta Olivia (donde se investigó) sino en altamar y que gran parte de las víctimas residía en la ciudad bonaerense.
La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez elevó a juicio la causa en la que se investiga las responsabilidades de cuatro altos mandos de la Armada en el desafortunado evento. (Foto: Télam).
El Tribunal Oral fijó una audiencia preliminar para el 4 de diciembre de 2025 en Comodoro Rivadavia, debido al cierre temporal del aeropuerto de Río Gallegos. Además estableció el cronograma del debate oral, que comenzará el 3 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el 8 de julio, con audiencias de lunes a jueves.
Los acusados que llegarán a juicio son el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío Claudio Villamide; el también capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
El expediente paralelo por supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes quedó cerrado de manera definitiva el 28 de septiembre pasado, cuando la Corte Suprema dejó firmes los sobreseimientos del expresidente Mauricio Macri, del extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, de su entonces segunda Silvia Majdalani y de ocho exagentes del organismo.
El expresidente Mauricio Macri fue sobreseído en la causa por supuesto espionaje ilegal junto a otros funcionarios a los familiares del ARA San Juan. (Foto: archivo).
Los familiares denunciaban seguimientos, relevamientos y registros de sus actividades públicas en 2017 y 2018. Sin embargo, la Justicia federal en todas las instancias concluyó que la información obtenida surgía de actividades de custodia presidencial y no de tareas encubiertas de inteligencia. Los tribunales entendieron que no se habían verificado maniobras que excedieran los protocolos de seguridad del entonces jefe de Estado.
Con la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la causa quedó definitivamente cerrada y ya no tiene vías de recurso.
El submarino ARA San Juan, construido a comienzos de los años ochenta en Alemania, tenía 65 metros de eslora, siete metros de diámetro y cuatro motores diésel. Entre 2007 y 2014 atravesó una reparación de media vida en Tandanor, que incluyó reemplazo de baterías, motores y más de 600 intervenciones técnicas.
El 8 de noviembre de 2017 zarpó desde Ushuaia para realizar tareas de patrullaje. Un día antes de su desaparición reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en el tanque de baterías. “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Sin novedades de personal. Mantendré informado”, comunicó el comandante Pedro Martín Fernández el 15 de noviembre a las 7.30.
El submarino ARA San Juan, construido a comienzos de los años ochenta en Alemania, tenía 65 metros de eslora, siete metros de diámetro y cuatro motores diésel. Entre 2007 y 2014 atravesó una reparación de media vida en Tandanor, que incluyó reemplazo de baterías, motores y más de 600 intervenciones técnicas.
El 8 de noviembre de 2017 zarpó desde Ushuaia para realizar tareas de patrullaje. Un día antes de su desaparición reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en el tanque de baterías. “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Sin novedades de personal. Mantendré informado”, comunicó el comandante Pedro Martín Fernández el 15 de noviembre a las 7.30.
Ese fue el último mensaje. Horas después se perdió contacto con el submarino, que navegaba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge. El Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, activó el operativo de búsqueda y recibió asistencia internacional con decenas de buques y aeronaves.
Después de 50 días de acampe en Plaza de Mayo, el Gobierno contrató a la empresa Ocean Infinity, que desplegó el buque Seabed Constructor con parientes a bordo. El 17 de noviembre de 2018, casi un año después de la desaparición, la Armada confirmó el hallazgo del submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia.
