La Comisión Investigadora $LIBRA convocó a 19 personas, entre funcionarios y empresarios vinculados a la criptomoneda que terminó en una presunta estafa. En su reglamento interno, establecieron que de no presentarse voluntariamente, podrán ser llevados por la fuerza pública.
Los diputados de la oposición que integran la Comisión Investigadora $LIBRA resolvieron hoy convocar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en la causa por haber permitido el ingreso a la Casa Rosada de los promotores de la criptomoneda que terminó en una presunta estafa. De no concurrir a la comisión a prestar testimonio, los legisladores anticiparon que solicitarán auxilio a la Justicia para garantizar su comparecencia mediante la fuerza pública.
Durante la primera reunión bajo la presidencia de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la comisión, con mayoría opositora, decidió también citar a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes están apuntados como nexo entre el presidente Javier Milei y los creadores de la criptomoneda, Hayden Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (Kip Protocol).
La convocatoria también incluye al vocero presidencial Manuel Adorni; a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores y cercano a Terrones Godoy; al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y a María Florencia Zicavo, a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada en la OA para determinar si hubo estafa. En total, son 19 las personas citadas a comparecer ante ese cuerpo.
Los 14 diputados opositores que integran la comisión acordaron además enviar un cuestionario al presidente Milei, que deberá responder en los próximos cinco días hábiles. Las citaciones a funcionarios y empresarios aún no tienen fecha; se definirá un cronograma según avance la investigación y las pruebas reunidas.
Entre los pedidos testimoniales al Presidente, deberá: responder cómo accedió al Token de Libra que difundió en su tuit; por qué no presentó una denuncia penal contra Davis, Novelli y Torrones Godoy; si posee billeteras virtuales propias; que informe las veces que se reunió con los promotores de Libra y si lo hizo con la presencia de su hermana, Karina; entre otras.
Por ahora, a pedido del diputado Oscar Agost Carreño, se enviarán oficios a 16 billeteras virtuales para identificar a las personas que participaron y los montos involucrados en el pool de liquidez que permitió el lanzamiento de la criptomoneda y su posterior retiro (rug pull), así como en las 109 transferencias en las que están implicados Davis, Terrones Godoy y Novelli.
Previo a solicitar las citaciones y las medidas de prueba, los opositores aprobaron el reglamento de la comisión, que establece que, si un funcionario citado no se presenta a declarar, la comisión podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia. "En caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la Comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna", señala el reglamento en cuestión, al que A24.com tuvo acceso.
Ese dato resulta fundamental porque tal como adelantaron fuentes de Balcarce 50 a A24.com: "Karina no va a asistir al Congreso porque no es ministra, no le vamos a hacer el juego a la oposición",, al aclarar que "los únicos que están obligados a someterse a una interpelación del parlamento son los ministros".
De esta manera, se abre una puja entre el Parlamento y el oficialismo por la obligación, o no, que tenga la secretaria general de la Presidencia de ir a responder por el caso al Congreso.
El oficialismo rechazó la medida, argumentando que los legisladores se arrogan facultades propias del Poder Judicial. “Además de pretender ensuciar al Gobierno con una comisión que no tiene razón de ser, avanzan un paso más y violan la división de poderes y las competencias del Poder Judicial”, advirtió el diputado libertario Álvaro Martínez.
En respuesta, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) defendió el reglamento: “Se enmarca dentro de los cánones de las comisiones investigadoras de esta Cámara. Garantiza la división de poderes y el derecho de defensa; quien se sienta vulnerado puede ejercer su defensa, como establece la normativa”, concluyó.
