La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo un fin de año alborotado por las repercusiones del fallo que ordenó al Estado Nacional entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos, definida por la Ley de Coparticipación.
La Corte, protagonista en el 2022.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo un fin de año alborotado por las repercusiones del fallo que ordenó al Estado Nacional entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos, definida por la Ley de Coparticipación.
A su vez, pueden destacarse otras decisiones de la Corte, que profundizaron su pelea con el gobierno nacional: el Máximo Tribunal se hizo cargo del Consejo de la Magistratura y revocó la designación como consejero del senador oficialista Martín Doñate; confirmó la condena de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala; respaldó a los jueces federales reclamando mayor decisión política para enfrentar la lucha contra el narcotráfico. Y mientras desde el gobierno anunciaron proyectos para ampliar la cantidad de integrantes, el Alto Tribunal se alineó en el rechazo a que todos los jueces paguen impuesto a las ganancias.
Otros temas que despachó, incluyeron la sentencia contra el “derecho al olvido” que pedía Natalia Denegri para que se quiten de los buscadores de internet los videos que la vinculan con el “Caso Coppola”.
También dejó firme una sentencia que le reconoce al actor Víctor Laplace el derecho a cobrar una indemnización millonaria por su exilio durante la dictadura militar.
En otro orden, el Máximo Tribunal desestimó dos recursos presentados por la familia de Santiago Maldonado, el joven que murió ahogado en un río de Chubut, durante la retirada de una protesta que dispersó Gendarmería Nacional.
En las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, reactivó una demanda civil por 22.300 millones de pesos, que busca que la vicepresidenta pague de su propio patrimonio los daños de la corrupción. Además, rechazó los 12 recursos de Cristina Kirchner para anular el juicio Vialidad.
Sobre el juicio de los cuadernos, tuvo que resolver un amparo que había presentado el juez Germán Castelli para evitar ser desplazado. En este caso la Corte entendió que su situación es similar a la de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que habían sido trasladados desde otros tribunales a sus actuales cargos, por lo que dispuso que cuando se resuelva su reemplazante por concurso, Castelli deberá abandonar el Tribunal Oral Federal 7.
Lo cierto es que la Corte Suprema resolvió muchos más expedientes que fueron menos resonantes en 2022. Según el informe anual respondió a 21.366 causas, con el dictado de 8409 sentencias, la mayoría por cuestiones previsionales, en las que el Estado es parte.
Solamente en el último acuerdo del año del 21 de diciembre, la Corte dictó 273 sentencias y resolvió 524 causas.
La Corte hizo lugar parcialmente a la medida cautelar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenando que hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.
Según entendieron los jueces cortesanos, se agotaron las instancias de negociación entre Nación y CABA, y hasta que se terminen de completar las medidas de prueba deben realizarse las transferencias correspondientes en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
Este fallo, por un lado, agitó la pelea contra la supuesta imparcialidad de la medida que tramitará en la justicia, y por el otro, derivó en la filtración de una presunta conversación por chat entre el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y el vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles, que legisladores del Frente de Todos tomaron como trampolín para impulsar el juicio político del juez Horacio Rosatti.
Como sea, D’Alessandro aseguró que esos mensajes son falsos, y la Ciudad aún no recibió la transferencia de fondos.
Para reclamar el dinero, el gobierno de Rodriguez Larreta notificó a la Corte que no se hicieron los pagos y que Nación pretende cubrir esos montos con bonos del Tesoro.
Por su parte, la Procuración General del Tesoro Nacional, presentó un escrito para pedir que se revoque el fallo y recusó a los jueces por prejuzgamiento y arbitrariedad.
Todos estos planteos serán revisados por el Máximo Tribunal, después de la feria, en el mes de febrero del 2023.
Después de ordenar la ampliación de integrantes del Consejo de la Magistratura de 13 a 20, la Corte asumió la presidencia del organismo que se ocupa de administrar el Poder Judicial, seleccionar postulantes a jueces y removerlos.
El 2022 comenzó con el proceso de selección de los miembros que finalizarían su mandato en noviembre, y luego se realizaron nuevas elecciones para definir los nuevos representantes de los estamentos por los próximos 4 años.
No obstante, todo este proceso estuvo trabado por la elección del representante de la segunda minoría del Senado Nacional. El escándalo surgió cuando se dividió el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, para habilitar la designación del kirchnerista Martín Doñate, en lugar de Luis Juez, que había sido propuesto por Juntos por el Cambio.
La cuestión se judicializó y llegó a la Corte Suprema, que finalmente revocó el nombramiento de Doñate. Como ya era el mes de noviembre, Juez no llegó a asumir, y el enfrentamiento se reeditó, a partir de que Cristina Kirner renombró a Doñate para el nuevo ciclo.
En definitiva, ya juraron todos los miembros del flamante Consejo de la Magistratura, menos los enviados por el Senado.
Los jueces del Máximo Tribunal confirmaron la condena de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala. En rigor consideraron inadmisible los recursos que presentaron las defensas contra las condenas por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
Consideraron que los reclamos del caso ya habían sido examinados por los Tribunales de Jujuy, sin que “se haya demostrado la configuración de un caso que habilite la competencia de esta Corte, sino, en todo caso, su desacuerdo con los motivos expresados por los jueces locales, vinculados con cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, ajenos por vía de principio a la competencia de este Tribunal”.
Por esta sentencia, ahora los organismos de derechos humanos que respaldan a Milagro Sala, le reclaman al presidente Alberto Fernández que decrete el indulto.
La Corte respaldó a los jueces federales pidiendo mayor decisión política para enfrentar la lucha contra el narcotráfico.
Participó del Encuentro de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) en la Universidad Nacional de Rosario, al que también asistieron los representantes de la Procuración General de la Nación, magistrados del fuero federal, integrantes del Consejo de la Magistratura y del Sindicato de los trabajadores judiciales.
En su discurso, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, reclamó decisión política para enfrentar el delito de la droga con un Estado cohesionado, con recursos usados con inteligencia, y una sociedad comprometida.
Los jueces de la Corte se mostraron unidos en el rechazo a que todos los magistrados paguen impuesto a las ganancias. Respaldaron a la asociaciones de jueces, fiscales y funcionarios judiciales cuando reivindicaron que “el salario no es ganancia”.
Entre otras cuestiones, el Poder Judicial defiende el principio de la Constitución Nacional que establece que los sueldos del Poder Judicial son intangibles y no se les puede aplicar impuestos.
Recordemos que desde 2017 los empleados judiciales y los jueces que ingresan al Poder Judicial pagan el tributo, tras un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri.
