Con un escenario favorable, el oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado con la intención de sancionar la reforma de la Ley de Glaciares y ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La sesión comenzará este jueves a las 11. También se buscará aprobar el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.
Con un escenario favorable, el oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado con la intención de sancionar la reforma de la Ley de Glaciares y ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La sesión, prevista para las 11, también incluirá el tratamiento del pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y ante la Unión Europea.
Para el viernes a la misma hora, en tanto, fue convocada una nueva sesión en la Cámara alta en la que se debatirán los proyectos de reforma laboral y de régimen penal juvenil que cuentan con media sanción de Diputados.
El tratamiento del entendimiento birregional estaba inicialmente previsto para la sesión del viernes junto con el régimen penal juvenil y la reforma laboral, pero la Casa Rosada decidió acelerar los tiempos.
La definición responde a que el Parlamento de Uruguay avanzó en su propio proceso de ratificación y podría aprobarlo en las próximas horas. En ese contexto, la administración de Javier Milei busca convertirse en el primer país en darle aval legislativo al tratado, con la expectativa de acceder a beneficios comerciales diferenciales frente a otros socios del bloque que compiten en los mismos mercados.
El número de votos necesarios estaría garantizado y se prevé que el interbloque peronista que conduce José Mayans vuelva a mostrar divisiones, tal como ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados.
El acuerdo, que obtuvo media sanción en la Cámara baja y fue firmado el 17 de enero en Asunción con la presencia de Milei y de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi —sin la participación de Luiz Inácio Lula da Silva—, todavía no puede entrar en vigencia porque el Parlamento Europeo resolvió que el Tribunal de Justicia de la UE analice su impacto.
Según sus impulsores, el tratado permitirá reducir aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas y facilitar el ingreso de bienes industriales europeos. También contempla la eliminación de gravámenes para productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas.
La iniciativa apunta a conformar una zona de libre comercio con más de 700 millones de consumidores, equivalente a cerca del 20% del PBI mundial. La Unión Europea es hoy el segundo socio comercial del Mercosur —detrás de China y por delante de Estados Unidos— y una de las principales fuentes de inversión extranjera directa.
El oficialismo llega confiado al debate por la modificación de la ley 26.639, aunque sobre el cierre de las negociaciones la UCR presentó un proyecto alternativo que limita la capacidad de las provincias para definir las áreas protegidas.
Fuentes parlamentarias señalaron que las conversaciones continúan para evitar que la votación fracase y lograr que se apruebe alguna de las versiones en la sesión de este jueves.
La reforma forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con los gobernadores de las provincias cordilleranas, que reclaman una normativa más flexible para habilitar inversiones en minería e hidrocarburos.
En el bloque peronista, mayoritariamente inclinado por el rechazo, no se descartan deserciones, en especial entre legisladores que fueron mandatarios de distritos mineros como Lucía Corpacci o Sergio Uñac.
Tanto el texto del Poder Ejecutivo como el de la UCR buscan redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir actividades económicas en determinadas áreas periglaciares hoy vedadas. La iniciativa oficial introduce el concepto de “formas periglaciares” y propone distinguir entre las que funcionan como reservas estratégicas de agua y las que no cumplen esa función, habilitando en estas últimas proyectos productivos.
De este modo, la prohibición absoluta quedaría circunscripta a los glaciares y a las formaciones con función hídrica comprobada.
La norma vigente desde 2010 resguarda tanto los glaciares visibles como los ambientes periglaciares —suelos congelados o saturados de agua en zonas de alta montaña—, fundamentales para la regulación del equilibrio hídrico.
El proyecto crea además el Inventario Nacional de Glaciares, que quedará a cargo del IANIGLA bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, con la tarea de identificar los cuerpos de hielo y clasificar las formaciones periglaciares según su valor hídrico.
Seguirán prohibidas las actividades que puedan alterar la condición natural de los glaciares, como la liberación de contaminantes, las obras de infraestructura, la explotación minera o hidrocarburífera y los procesos industriales. Solo se permitirán investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes de montaña no motorizados.
La diferencia central entre ambas propuestas radica en quién tendrá la última palabra: el proyecto del Gobierno otorga a las provincias la potestad de definir las áreas a proteger y proponer cambios en el inventario —en línea con el artículo 124 de la Constitución que les reconoce el dominio de los recursos naturales—, mientras que la iniciativa radical concentra esa atribución en el IANIGLA.
La reforma cuenta con el respaldo de los gobernadores de distritos mineros e hidrocarburíferos, pero enfrenta un fuerte rechazo de asambleas ambientalistas y de la Iglesia, que expresó su preocupación a través de la Comisión Episcopal.
Los sectores críticos advierten que la modificación implicaría una “regresión ambiental” incompatible con el Acuerdo de Escazú y sostienen que la protección de glaciares y áreas periglaciares —reservas clave de agua dulce— no debe quedar supeditada a intereses económicos de corto plazo.
