Un grupo de diputados nacionales del bloque Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra los presuntos responsables de cuatro cuentas de la red social X, a quienes acusan de "instigar a la violencia y promover acciones contra el orden democrático" durante un debate parlamentario. La presentación judicial fue realizada por Hugo Yasky, Daniel Goyán, Sabrina Selva, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Julio Pereyra y Santiago Cafiero.
Congreso
Diputados opositores denuncian penalmente a twitteros libertarios por "instigación a la violencia"
La denuncia involucra a cuatro cuentas de redes sociales acusadas de promover ataques contra el Congreso durante la última sesión del Senado.
Según advierten los legisladores, las publicaciones cuestionadas se difundieron el 10 de julio, mientras el Senado debatía proyectos sobre jubilaciones, discapacidad y fondos para las provincias. Los mensajes, afirmaron, constituyen figuras penales como instigación a cometer delitos, apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas, según lo previsto en los artículos 209, 212, 213 y 149 bis del Código Penal.
La denuncia también invoca el artículo 36 de la Constitución Nacional, que sanciona a quienes promuevan actos contra el orden democrático. Los denunciados serían Daniel Parisini, Franco Antunes, Luciano Cabrera y Pedro María Lantarón, presuntos administradores de los perfiles @Gordodan_, @ElTrumpista, @FranFijap y @elpittttt, respectivamente.
Publicaciones violentas y vínculos con el oficialismo
Entre los mensajes mencionados como prueba, los denunciantes citaron expresiones como: “Es ahora Javo: Metan todos los tanques adentro del Congreso” (@elpittttt); “El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso” (@ElTrumpista); y “Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro” (@FranFijap).
Los legisladores advirtieron sobre la gravedad institucional de los mensajes, especialmente por los supuestos vínculos de sus autores con el Gobierno Nacional. Señalaron que algunos tendrían acceso directo al presidente Javier Milei o a funcionarios de alto rango, lo que, según remarcaron, eleva el riesgo institucional.
“La instigación al atentado contra el orden constitucional reviste una gravedad excepcional que justifica la intervención del derecho penal", sostuvieron los firmantes de la denuncia, al destacar que la libertad de expresión no ampara llamados a la violencia ni amenazas contra el funcionamiento del Congreso.
En la presentación ante la Justicia, los diputados solicitaron una serie de medidas de investigación para determinar la identidad de los autores de las publicaciones y su posible responsabilidad penal. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, tras ser sorteada.
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