Los pasillos de los tribunales judiciales están que arden. El Gobierno anunció que finalmente completará los 146 cargos vacantes en la Justicia. Eso dispara todo tipo de especulaciones. Los nombres más buscados.
Comodoro Py (Foto: NA).
El Poder Judicial observa con expectativa e incredulidad los erráticos manejos del gobierno sobre la actividad actual y futura en tribunales. El anuncio del envío de 146 pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales de todos los fueros, fue bien recibido, pero hasta el final de la semana judicial fue sólo eso: un anuncio.
A la Comisión de Acuerdos del Senado no llegó nada. El último envío del Ejecutivo data de mayo pasado y se refiere a ascensos en las fuerzas armadas.
La lista fantasma por ahora parece tener más la impronta del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que la del propio titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona. De hecho, fue Amerio quien formuló el anuncio del envío de los pliegos. Se trata de un secretario de la Corte Suprema devenido en funcionario libertario, una suerte de puente de plata entre el gobierno y el Poder Judicial, sobre todo en aquellos espacios en los que Cúneo Libarona no goza de la mejor imagen ni tiene buena llegada.
El jueves por la noche circuló la versión sobre la renuncia de Cúneo Libarona, rápidamente desmentida, por cierto. No obstante, el ministro parece tener reservada para sí una función más institucional (la implementación completa del Código Procesal acusatorio y la extensión del juicio por jurados, entre sus objetivos más importantes).
Amerio –explican en tribunales- está más en el día a día y, además, es el representante del gobierno ante el Consejo de la Magistratura, el lugar donde se cuecen las propuestas de candidatos para ocupar las vacantes del Poder Judicial, un problema al que suele referirse el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Amerio y Rosatti tienen un trato frecuente, justificado en que ambos integran el Consejo de la Magistratura. Nadie confirma, pero tampoco desmiente, que la insinuación del gobierno –a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos- de designar por decreto a dos jueces de la Corte “en comisión” fuera tema de conversación entre ellos.
Esa iniciativa, que ya intentó Mauricio Macri al inicio de su presidencia con Carlos Rosenkrantz y el propio Rosatti, parece tener ahora mejores posibilidades de éxito, aunque enredada en un galimatías judicial.
Entretanto, la lista de postulantes anunciada por el gobierno para enviar al Senado parece excluir deliberadamente los principales cargos a cubrir en Comodoro Py 2002: jueces de primera instancia para ocupar los sillones que fueron de Rodolfo Canicoba Corral, Luis Rodríguez, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los reemplazos pendientes desde hace un lustro en la Cámara Federal (Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, promovidos allí por decreto de Macri) y las designaciones en la Cámara Federal de Casación (ante las jubilaciones de Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa).
Todas esas vacantes insinúan un espacio de negociación (más política que jurídica). Las fuentes consultadas hablan de “un combo” en el que incluyen –por supuesto- las vacantes en la Corte Suprema y el reemplazo del procurador interino Eduardo Casal. Ese “combo” necesita en el Senado, sí o sí, al peronismo. Pero senadores de esa fuerza aseguran que no los han contactado, ni siquiera sondeado para explorar esa posibilidad de negociaciones.
La lista en ciernes cuenta, sí, con variadas propuestas para cubrir juzgados de primera instancia, cámara y tribunales orales del fuero penal ordinario de la Capital Federal. Allí sí tiene buena llegada Cúneo Libarona, pero igualmente hay postulantes que provienen de Comodoro Py, como el secretario de la Cámara Federal Nicolás Pacilio, con grandes posibilidades de convertirse en juez de un tribunal oral.
Otros funcionarios cuyas carreras se desarrollaron en ese pesado edificio del barrio porteño de Retiro también están en la antesala de ascensos y mudanzas: Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del candidato a la Corte Suprema Ariel Lijo y a cargo de la oficina de escuchas judiciales, irá a la Justicia Federal de Lomas de Zamora y Ana María Cristina Juan, secretaria de la Cámara Federal y esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi (aún con licencia médica por una dolencia cardíaca) recalará en el juzgado federal de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires.
Estos dos últimos casos son interpretados por la justicia federal porteña como deudas que incumplió el gobierno de Alberto Fernández y que ahora el de La Libertad Avanza parece dispuesto a saldar.
