La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo dato sobre el patrimonio y los movimientos económicos de su entorno familiar. Según reveló este martes Nicolás Wiñazki en el programa WiFi, la madre del funcionario se mudó al country Finca de Iraola y el alquiler de la vivienda fue abonado con un importante pago en efectivo y en dólares por anticipado.
EXCLUSIVO A24
El alquiler de la casa donde vive la madre de Adorni fue pagado con US$12.000 en efectivo y por adelantado
Un informe exclusivo de WiFi mostró el contrato de la vivienda ubicada en el country Finca de Iraola. El documento establece un alquiler total de US$26.400 por dos años y registra un pago inicial de US$12.000 en efectivo correspondiente al primer año.
El alquiler de la vivienda donde vive la madre de Adorni, en un country, fue saldada con dinero en dólares y en efectivo. (Foto: A24).
De acuerdo con la documentación exhibida en el programa, el contrato de alquiler no figura a nombre de la madre de Adorni sino de un tío del funcionario y de su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni.
Según el contrato mostrado por Wiñazki, el valor total del alquiler por dos años asciende a US$26.400. En el momento de la firma se realizó un pago adelantado de US$12.000 en efectivo para cubrir el primer año de locación, mientras que los US$14.400 restantes deberán abonarse en mayo de 2027. En el programa también se exhibió que las expensas del lugar cuestan $484.000. Esa información ya se encontraría en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
La información difundida indica además que quien aparece como responsable del contrato es un tío de los hermanos Adorni que trabaja en una concesionaria automotriz en un cargo gerencial, según indicó Wiñazki.
Durante el programa, Wiñazki señaló que la madre de los funcionarios se mudó al country ubicado en el sur del conurbano bonaerense y destacó que el primer año de alquiler fue cancelado por adelantado "cash" y en dólares.
La revelación se conoce en medio del avance de la causa judicial que investiga la evolución patrimonial de Manuel Adorni. El expediente está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien impulsa distintas medidas para verificar el origen de los fondos declarados por el funcionario.
Las medidas ordenadas por la fiscalía
En la última semana, Pollicita requirió nueva documentación vinculada a una compra por $8.183.303 que figura facturada a nombre de una empleada de la Vocería Presidencial. La operación, que surgió del peritaje realizado sobre el celular del contratista Matías Tabar, pasó a formar parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni.
Por disposición del juez federal Ariel Lijo, la empresa involucrada deberá informar el medio de pago utilizado, la fecha de cancelación de la operación, la identidad de quien efectuó el pago y el domicilio de entrega de los productos. También tendrá que precisar quién recibió o retiró la mercadería y aportar toda la documentación relacionada con la transacción.
La fiscalía además pidió comprobantes de pago, remitos, constancias de acreditación, comunicaciones comerciales y cualquier otro elemento que permita reconstruir la operación bajo análisis.
Cómo sigue la investigación
La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa avanzando mientras la fiscalía intenta corroborar las explicaciones públicas brindadas por Adorni sobre la evolución de su patrimonio.
En ese marco, Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba para profundizar distintas líneas de investigación relacionadas con movimientos financieros y patrimoniales del funcionario.
Una de ellas apunta al mercado de criptoactivos. El fiscal solicitó a la Comisión Nacional de Valores información sobre plataformas de intercambio, billeteras virtuales y otros operadores de activos digitales que funcionaron en Argentina desde 2012.
El objetivo es reconstruir cómo operaba el mercado de criptomonedas durante el período en el que Adorni aseguró haber comenzado a invertir en Bitcoin. La fiscalía busca verificar la versión del funcionario, quien sostuvo públicamente que invirtió US$200.000 en criptomonedas y obtuvo ganancias por otros US$300.000.
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