La sospecha surgió a partir de una factura hallada en el celular de un contratista vinculado a Manuel Adorni. La Justicia busca determinar quién fue el destinatario final de una compra realizada en una exclusiva tienda de blanquería.
La Justicia busca determinar quién fue el destinatario final de una compra realizada en una exclusiva tienda de blanquería. (Foto: A24)
24Una factura por $8.183.303 emitida a nombre de una empleada de la Vocería Presidencial abrió una nueva línea de investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La documentación fue encontrada durante el peritaje al celular del contratista Matías Tabar y ahora la Justicia intenta establecer quién fue el destinatario final de la compra.
La factura está a nombre de Gisela Kocsis, una trabajadora de la cartera de Medios y Comunicación que, según registros oficiales, se desempeñaba como secretaria privada en el área encabezada por Adorni en marzo de 2025.
El documento, emitido el 2 de junio de 2025, fue hallado por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el teléfono celular de Tabar, quien había realizado trabajos de remodelación en una propiedad de Adorni ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La adquisición fue realizada en Rosen The Store, una firma dedicada a la venta de ropa de cama, acolchados y otros productos de blanquería de alta gama.
Según declararon fuentes vinculadas a la investigación, los investigadores buscan determinar si Kocsis fue efectivamente la compradora o si su nombre fue utilizado para facturar una operación cuyo destinatario habría sido otra persona.
En su declaración testimonial, Tabar reconoció que mantenía una relación con Adorni que excedía las tareas de construcción. Según explicó, también actuaba como intermediario entre proveedores y el entonces vocero presidencial para distintas compras relacionadas con sus propiedades, a cambio de una comisión.
Esa circunstancia llevó a los investigadores a analizar si la operación registrada a nombre de Kocsis pudo haber seguido una modalidad similar.
Para avanzar en esa línea, Pollicita solicitó a la empresa que aporte toda la documentación relacionada con la compra en un plazo de 72 horas.
Por disposición del juez federal Ariel Lijo, la firma deberá informar el medio de pago utilizado, la fecha de cancelación de la operación, la identidad de quien efectuó el pago y el domicilio de entrega de los productos. También deberá precisar quién recibió o retiró la mercadería y aportar cualquier otro dato que permita reconstruir la operación.
Además, la fiscalía requirió comprobantes de pago, remitos, constancias de acreditación, comunicaciones comerciales y toda la documentación vinculada con la factura.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito continúa avanzando mientras la fiscalía intenta verificar las explicaciones brindadas públicamente por el funcionario sobre la evolución de su patrimonio.
En ese marco, Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba para analizar el origen de los fondos declarados por Adorni y profundizar distintas líneas de investigación vinculadas con sus operaciones financieras y patrimoniales.
Entre las medidas de prueba impulsadas en la causa, Pollicita requirió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) información detallada sobre las plataformas de intercambio, billeteras virtuales y demás operadores de activos digitales que funcionaron en el país desde 2012. La intención es determinar cómo era el mercado de criptomonedas durante el período en el que Adorni afirmó haber comenzado a invertir en Bitcoin.
La fiscalía intenta verificar la versión brindada por el funcionario, quien sostuvo públicamente que invirtió U$S 200.000 en criptomonedas y obtuvo ganancias por otros U$S 300.000.