Según el diputado Ramiro Gutiérrez, el presidente incurrió en el delito de "partícipe necesario de una estafa informática", delito que prevé una pena de hasta 6 años de prisión.
Luego de la controversia generada por una publicación de Javier Milei recomendando una criptomoneda que terminó siendo una estafa de gran magnitud a nivel global, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados avanzará con un pedido de juicio político contra el presidente.
Para el diputado Ramiro Gutiérrez, "el presidente no puede ser participe necesario de un delito. Hay gravedad institucional, perjuicio a los inversores de buena fe y enriquecimiento malicioso de los q apagaron la acción y se llevaron las ganancias", según aseguró a A24.com.
"Estamos hablando de delitos, y el presidente de los argentinos hizo un aporte esencial a la consumación de una estafa", agregó. "El bloque irá por el juicio político sin perjuicio del legislador que active denuncia o los fiscales q procedan de oficio".
Para Gutiérrez, la figura legal que aplica a los hechos es la de "partícipe necesario en una estafa informática", delito que prevé una pena entre 1 mes y 6 años.
Desde la cuenta oficial de X del bloque liderado por Germán Martínez, calificaron el episodio como "un escándalo sin precedentes" y remarcaron la gravedad de la implicación del mandatario en lo que consideran un fraude financiero de gran escala.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el tema. “Milei debe explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los responsables de la estafa y a quiénes benefició. Debe quedar claro si él y su círculo cercano están involucrados. El presidente fue parte de un fraude mundial. Es un escándalo, una vergüenza y, sobre todo, un delito”, expresó en su cuenta de X.
Por su parte, el legislador socialista Esteban Paulón anunció que el próximo lunes impulsará un pedido formal de juicio político contra Milei. Además, promoverá la citación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que explique qué relación tiene el presidente con el proyecto "Viva La Libertad Carajo" de la empresa KIP Protocol, la cual fue promocionada desde la cuenta oficial de Milei. También se solicitará información sobre si la firma está registrada en Argentina y regulada por la Comisión Nacional de Valores.
El juicio político es el mecanismo previsto en la Constitución Nacional para destituir a las máximas autoridades del país, incluyendo al presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete y jueces de la Corte Suprema.
El artículo 60 de la Carta Magna establece que la sentencia en este tipo de procesos solo puede determinar la remoción del acusado y su inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. En caso de existir delitos penales, estos deben ser juzgados por los tribunales ordinarios.