Capital Humano explicó en el comunicado oficial que la medida va más allá del centenar de convenios colectivos que caducaron con la sanción de la nueva ley.
Ahora, amplía la convocatoria a un total de "446 convenios, que como consecuencia de la finalización del régimen de ultraactividad deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre las organizaciones sindicales y los sectores empleadores".
El objetivo del Gobierno, según aseguró Pettovello en el documento, es "fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector".
También salió a defender la medida el impulsor de la ley de modernización laboral, el ministro de Desregulación y Transformaciónd el Estado, Federico Sturzenegger.
Al referirse al anuncio realizado este jueves por Pettovello, señaló que" Argentina se moderniza" y que es "fundamental recordar que quienes representan al menos al 10% de los empleados del convenio en cuestión pueden sentarse a la mesa de negociación".
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El encargado de citar a gremios y empresarios a las renegociaciones colectivas será el secretario de Trabajo, Julio Cordero, según confirmaron fuentes oficiales a A24.com.
El concepto de "ultraactividad" que regía hasta la sanción de la norma establecía que todos los convenios colectivos seguían vigentes aun después de haber vencido, hasta que sean reemplazados por nuevos.
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En el decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las cláusulas posibles para modificar lo que haga falta en la actualidad y el futuro.
Los gremios se opusieron al fin de la ultraactividad porque la consideraban una garantía clave de estabilidad laboral y de los derechos adquiridos. Ahora, deberán negociar para intentar ratificarlos con nuevos acuerdos.
En principio, desde la CGT y las dos CTA anunciaron que continuarán con medidas judiciales para intentar frenar la reforma y no descartan la posibilidad de convocar a un nuevo paro general.
En ese marco, la CGT denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo que considera "un desmantelamiento sistemático de los derechos laborales por parte del Gobierno nacional".
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El organismo internacional instó al gobierno argentino a adoptar “medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” para “garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos“ y ”velar porque las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores”.
“Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló la CGT en un comunicado de prensa.
La CGT consideró además que “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.
