El Gobierno pidió anular la extensión del contrato de concesión de las autopistas Panamericana y del Oeste. Foto: Archivo
Santiago Cafiero y Gabriel Katopoidis pidieron investigar la forma en que se prorrogó el contrato. Foto: Archivo
Gabriel Katopodis dijo que se trató de una concesión del contrato "ilegal".
El Gobierno justificó este jueves la decisión gubernamental de pedir la anulación de las concesiones de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, que fueron extendidas hasta el 2030 durante el gobierno de Mauricio Macri, porque los procesos administrativos estuvieron "plagados de irregularidades" y se observan "elementos muy claros de una prórroga ilegal".
"La concesión de las autopistas está plagada de irregularidades, y se pone en revisión eso con auditorías que se terminaron de presentar ayer y que son concluyentes respecto de las obras que se tenían que hacer (y) no se estaban haciendo", explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a Radio La Red.
También el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, opinó que la prórroga de las concesiones es ilegal y reiteró que será la Justicia la que determinará si corresponde la rescisión.
El contrato de concesión de los accesos Norte y Oeste, a cargo de la empresa Ausol, fue extendido hasta 2030 mediante un decreto firmado por la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti; el exjefe de Gabinete Marcos Peña y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich.
La extensión de la concesión de ambas autopistas causó una polémica debido a la participación comercial que la familia de Mauricio Macri tuvo como accionista de Ausol hasta mayo de 2017.
Ante la posibilidad de que incurriera en una figura ilegal de negocios incompatibles con la función pública, Macri no firmó el decreto, aunque durante su gobierno avaló la extensión de concesión, ahora bajo investigación judicial.
"Vemos elementos muy claros de una prórroga ilegal. Transformaron ese contrato en un pagaré a sola firma. Esa deuda la tenemos que pagar todos los argentinos cuando pasamos por las cabinas de peajes", explicó Katopodis a FM Urbana.
Y agregó: "Vamos a dar todos los pasos que tengamos que dar. Por eso no estamos decretando ahora ni la estatización ni la anulación del contrato".
Katopodis recordó que el contrato firmado con Ausol establecía una vigencia hasta 2018 y por decreto, "fuera de las posibilidades que se otorgaba al Poder Ejecutivo, se les otorgó una prórroga por diez años", detalló.
Esta extensión del contrato se hizo, según Katopodis, "al solo efecto de pagar una deuda en dólares, que no justifica su composición y mucho menos la conversión de esa deuda de pesos a dólares".
"Se les reconoció una deuda de más de 700 millones de dólares con una actualización del 8% anual, es decir una renta extraordinaria en dólares cuando no hay ni ningún elemento" que la convalide, indicó el funcionario.
Katopodis sostuvo que "se garantizó que sean los usuarios los que tengan que pagar esa deuda a través de las tarifas" y aseguró que "eso estaría implicando una tarifa de 60 o 70 pesos y un pase a 600 pesos si tuviésemos que cumplir con la curva para el repago de la deuda".