El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, rechazó este jueves el llamado que hizo la Unión Industrial Argentina (UIA) de no pagar los salarios de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el coronavirus.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, rechazó este jueves el llamado que hizo la Unión Industrial Argentina (UIA) de no pagar los salarios de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el coronavirus.
“No debería existir ninguna política sanitaria que sea dictada desde las empresas. No corresponde. Vamos a continuar con la vacunación de modo optativo", respondió Santiago Cafiero sobre la opinión del presidente de la central industrial, Daniel Funes de Rioja.
En declaraciones a radio La Red, el jefe de Gabinete destacó que la Argentina "es uno de los países que más viene vacunando en este tiempo", porque la población mayor de 18 años tiene una cobertura del 80% con al menos una dosis.
Para Cafiero, además, "no puede haber una política de sanción" a los trabajadores porque la vacuna es, por el momento, "optativa".
Cafiero, en tanto, dijo que el Gobierno evaluará "la posibilidad" de aplicar "una tercera dosis" de la vacuna contra el coronavirus una vez que se complete el esquema de vacunación con dos aplicaciones.
"Quien quiera entrar en un lugar de trabajo colectivo, tiene que tomar las medidas del caso, y las medidas del caso es vacunarse y, si no quiere, no podrá ingresar al lugar de trabajo", advirtió el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja.
El dirigente industrial, además, consideró que si un empleado no se vacuna, "la lógica es que no ingrese, y en ese caso, cesa la dispensa", es decir, el salario.
"Nadie puede obligar a vacunarse, pero nadie puede obligar a reinsertar a alguien en el mercado laboral", enfatizó Funes de Rioja.
Por medio de un comunicado, la Confederación General del Trabajo (CGT) criticó a Funes de Rioja y opinó que imponer sanciones a los trabajadores "no es el camino adecuado".
La central obrera se expresó por medio de su secretario de Prensa y Comunicación, Jorge Sola, quien afirmó que "sancionar desde la relación laboral es ilegal y no coincide con la senda del convencimiento que hay que seguir para lograr la vacunación".