El gobierno de Javier Milei dará de baja más de 120.000 pensiones a partir de septiembre, luego de que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevara a cabo auditorías y detectara irregularidades.
El Gobierno Nacional suspenderá pensiones no contributivas desde el mes de septiembre tras un relevamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad que presentó irregularidades.
El Gobierno dará de baja 120 mil pensiones por Invalidez
El gobierno de Javier Milei dará de baja más de 120.000 pensiones a partir de septiembre, luego de que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevara a cabo auditorías y detectara irregularidades.
Esta medida afectará a beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que se asigna a quienes están imposibilitados para trabajar por su condición de salud y vulnerabilidad social.
De acuerdo con la auditoría en la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se encontraron "irregularidades" en el otorgamiento de este beneficio y algunas personas dejarán de recibir este haber.
Un estudio preliminar mostró que apenas el 7% de los casos analizados cumplían con todos los requisitos necesarios para recibir la pensión, mientras que la ANDIS estimó que entre el 30% y el 40% de los 400.000 pensionados auditados no calificaban.
Este es el motivo que adjudica el gobierno de Javier Milei para reforzar las auditorías y a excluir a los beneficiarios que no cumplen con las condiciones establecidas. En julio ya se habían dado de baja más de 60 mil pensiones.
Estas pensiones están dirigidas a quienes, por problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no están en condiciones de trabajar. Y no son contributivas porque no es necesario que el beneficiario haya realizado aportes durante su vida laboral para acceder a ellas, a diferencia de las jubilaciones.
De acuerdo con la página de ANDis, estas pensiones no pueden ser acumuladas con otros tipos de asistencia estatal, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.
Además, quien la cobre no puede tener empleo formal, sus ingresos deben ser insuficientes, debe ser ciudadano argentino o residente con más de diez años de permanencia en el país y no puede estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario.
