El dato fue dado a conocer por el vocero Manuel Adorni. "Una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 solicitudes", dijo, y contó que hasta usaron los estudios de un perro.
El trabajo de auditoría fue encabezado por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo. Foto: Freepik.
En una reciente auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” en el otorgamiento de pensiones por invalidez, con un desvío de fondos estimado en 3.400 millones de dólares durante el último año. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa.
El trabajo de auditoría, encabezado por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, reveló que durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045. A diciembre de 2023, la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios, un número que Adorni calificó de “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.
Entre las irregularidades, Adorni destacó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de las cuales “el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”.
Asimismo, mencionó el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 solicitudes de pensiones por invalidez. En 2022, un médico correntino adjuntó al certificado para la obtención de una pensión la radiografía de un perro, cuya imagen, que incluye la cola del animal, fue compartida por Adorni entre los periodistas presentes.
Adorni señaló que “este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares, algo más de medio punto del producto”. Añadió que “del total de pensiones otorgadas hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando” y que “hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta aviones privados”.
El vocero enfatizó que “las pensiones por discapacidad deberían tener como destino solamente a aquel que tenga una discapacidad para trabajar y que requiera esta prestación, y no que se transforme en parte en un gran negocio o en una gran caja”. Anunció que “cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta va a ser denunciada penalmente” y concluyó afirmando que “la Argentina de la avivada, que es corrupción con el dinero de los contribuyentes, se terminó bajo la administración del presidente Milei”.
