El Gobierno oficializó un nuevo esquema de política exterior con foco en las Islas Malvinas

La decisión había sido anticipada el jueves por el Gobierno, que presentó el sistema como parte de su estrategia para fortalecer la coordinación estatal en torno al reclamo argentino sobre el Atlántico Sur.

Qué cambia con el nuevo sistema que estará bajo el control de Cancillería

Uno de los puntos centrales del decreto establece que los organismos nacionales alcanzados deberán informar a Cancillería sobre determinadas reuniones, comunicaciones, gestiones, negociaciones y actividades internacionales que involucren a autoridades de otros países, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional.

La obligación alcanzará, entre otros casos, a aquellas acciones que puedan fijar una posición oficial argentina, incidir sobre negociaciones diplomáticas, involucrar acuerdos o memorandos, generar consecuencias diplomáticas o políticas o afectar los lineamientos de política exterior establecidos por el Poder Ejecutivo.

El decreto incorpora además una cláusula específica para Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur: deberán ser informadas las actividades que puedan incidir directa o indirectamente sobre la soberanía argentina en esos territorios y espacios marítimos.

De esta manera, el Ejecutivo busca evitar que diferentes áreas del Estado desarrollen iniciativas internacionales que puedan entrar en contradicción con la estrategia definida por la Cancillería.

La propia norma fundamenta la creación del sistema en la necesidad de contar con una “acción estatal coordinada y coherente” y evitar gestiones, manifestaciones o posiciones que puedan afectar la postura argentina respecto de Malvinas.

Cancillería podrá hacer advertencias a otros organismos

Otro de los puntos relevantes es el rol que adquiere el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando Cancillería considere que una actividad puede afectar los lineamientos de política exterior, una negociación diplomática, los intereses internacionales del país o las acciones vinculadas con la soberanía sobre Malvinas, podrá formular advertencias y realizar recomendaciones u orientaciones.

Si la importancia del asunto lo justifica, esas observaciones podrán ser elevadas a la máxima autoridad del organismo involucrado. Sin embargo, el decreto aclara que esa intervención no implica una autorización o aprobación de Cancillería ni modifica las competencias de cada área del Estado.

Además, cada organismo alcanzado por la medida tendrá que nombrar una persona que funcionará como “enlace” con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su función será canalizar la información y coordinar la intervención de la Cancillería cuando corresponda.

El foco del Gobierno sobre Malvinas: reclamo de la soberanía argentina

La creación del nuevo mecanismo se produce en momentos en que el Gobierno busca reforzar su estrategia diplomática sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

El decreto recupera expresamente la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y establece que la recuperación del ejercicio pleno de esa soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable.

La norma también deja una excepción: quedan afuera del nuevo sistema las gestiones ante organismos financieros internacionales y bancos multilaterales de desarrollo cuando se limiten exclusivamente a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas.

El Sistema de Articulación de la Política Exterior entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que Cancillería quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias para ponerlo en funcionamiento.