El Gobierno anunció la creación de una nueva estructura bajo la órbita de la Cancillería para unificar las medidas vinculadas a la cuestión Malvinas. La iniciativa se suma a las acciones impulsadas en las últimas semanas contra empresas que operan en la zona sin autorización argentina y al proyecto de ley que será enviado al Congreso.
El Gobierno anunció la creación de una nueva estructura bajo la órbita de la Cancillería para unificar las medidas vinculadas a la cuestión Malvinas. (Foto: archivo)
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de coordinación para las políticas vinculadas a las islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares del Atlántico Sur. Se trata del Sistema de Articulación de la Política Exterior, una herramienta que funcionará dentro de la Cancillería y que tendrá como objetivo ordenar y coordinar las acciones de los distintos organismos del Estado relacionadas con el reclamo de soberanía argentino.
La medida fue comunicada este jueves por la Oficina del Presidente, que la presentó como parte de la estrategia oficial orientada a fortalecer la posición argentina sobre las islas.
Según explicó el Gobierno, el mecanismo buscará “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
A través de esta estructura, la Cancillería tendrá la tarea de supervisar que las decisiones y acciones impulsadas por las distintas áreas estatales mantengan una misma orientación en materia de política exterior.
El comunicado oficial señaló que el sistema permitirá garantizar que toda actividad vinculada a las relaciones internacionales del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos fijados por el Estado argentino respecto de Malvinas.
En el texto difundido este jueves, la administración de Javier Milei sostuvo que “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” requiere una estrategia sostenida y coordinada entre diferentes áreas del Estado.
Además, consideró que ese trabajo conjunto resulta fundamental para “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y para “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
La Casa Rosada también afirmó que la iniciativa apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales” y ratificó lo que definió como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.
El comunicado concluyó con una definición sobre la política oficial en torno a la cuestión Malvinas. “El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, expresó.
La creación del nuevo sistema se incorpora a la reasignación del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa. Los recursos estarán destinados principalmente al desarrollo de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
El Gobierno también dispuso que los organismos públicos informen a la Cancillería sobre posibles incumplimientos legales vinculados a actividades en la región para que puedan evaluarse sanciones.
Otra de las medidas anunciadas fue la incorporación de declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de impedir beneficios a compañías que desarrollen actividades en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, además de otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.
Las actuaciones también alcanzan a unas 60 personas físicas y jurídicas vinculadas a esas actividades.
La agenda oficial incluye además el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa contempla un endurecimiento de las sanciones para las empresas que operen en las islas sin autorización argentina y prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional destinado a actuar frente a amenazas provenientes de actores estatales o no estatales.
