En el marco de la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani pidió este lunes que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el marco de la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani pidió este lunes que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El funcionario judicial acusó a la exmandataria de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Rápidamente, en una sociedad tan polarizada como la de Argentina, partidarios de Cristina Kirchner y opositores se lanzaron a las redes sociales para criticar o defender el accionar del fiscal Luciani. Sin embargo, la grieta también golpeó de lleno a la coalición electoral trotskista conocida como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
La coalición electoral creada para las elecciones presidenciales de 2011 encontró en el pedido de sentencia contra Cristina Kirchner una grieta dentro de sus integrantes.
"Rechazamos la persecución política que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para Cristina Kirchner. Siempre sostuvimos que la figura de asociación ilícita es ilegítima e inconstitucional, destinada a la persecución política. Lo seguimos sosteniendo y exigimos su derogación", sostuvo en su cuenta personal de Twitter, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman.
Además, la abogada de Derechos Humanos y referente del Partido Socialista de los Trabajadores, aseguró que “las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada por jurados populares”.
Su compañero de bancada y de organización, Nicolás del Caño, repudió que no se le haya permitido ampliar la indagatoria a la vicepresidenta, lo cual consideró un "elemental derecho de defensa", y solicitó "juicios por jurado ante acusaciones de corrupción".
Asimismo, la dirigente nacional del Nuevo MAS Manuela Castañeira también rechazó "el pedido del fiscal Diego Luciani de cárcel e inhabilitación para Cristina Kirchner por considerarlo un hecho de persecución política" y añadió: "No tenemos dudas de los hechos de corrupción del kirchnerismo y del macrismo, amparados desde el Estado y/o facilitados por las relaciones con el mismo. Sin embargo, la justicia aristocrática argentina pretende hacer un arbitraje desigual en relación a unos respecto de otros".
Las otras organizaciones fundadoras del FIT, el Partido Obrero e Izquierda Socialista, por su parte decidieron no hacer una defensa de Cristina Kirchner y, por lo bajo, cargaron contra sus socios a quienes los acusaron de practicar el “entrismo”.
El término que tiene su origen en la IV Internacional comandada por León Trotsky hace referencia a las acciones de los partidos políticos minoritarios para ganar adeptos dentro de los grandes movimientos de masas.
El dirigente gremial ferroviario y referente de Izquierda Socialista, Rubén “Pollo” Sobrero, ironizó: “Mientras los medios te entretienen con Cristina Kirchner culpable o inocente, el recorte exigido por el FMI va viento en popa”.
“Los testimonios son abrumadores acerca de la connivencia de la familia Kirchner (Néstor, Cristina y Máximo) con Lázaro Báez, al que se le otorgaban innumerables contratos por obras que nunca se terminaban”, denunció Izquierda Socialista en un comunicado y llamaron a “luchar por un plan económico obrero y popular y una alternativa política” a los gobiernos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Por último, el Partido Obrero se pronunció a través de su dirigente Gabriel Solano quien aseguró que “creemos firmemente que la tarea de la izquierda no es defender a Cristina Kirchner sino al pueblo trabajador, más aún cuando sufre un fuerte ajuste del Gobierno”.