La Cámara alta dio media sanción al proyecto que modifica las condiciones para las internaciones involuntarias, la intervención de los equipos médicos y la atención de personas con consumos problemáticos. La iniciativa ahora deberá ser tratada en Diputados.
El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental. (Foto: gentileza NA)
El Senado de la Nación aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno, en una votación que se concretó durante los primeros minutos de este viernes. La iniciativa, que introduce modificaciones a la normativa vigente desde 2010, consiguió 42 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención.
El proyecto propone cambios en las condiciones para realizar internaciones involuntarias de personas con trastornos de salud mental, así como en la intervención de los equipos interdisciplinarios y el abordaje de las adicciones.
La aprobación llegó después de un debate atravesado por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre la necesidad de modificar el sistema de atención, las garantías de los pacientes y los recursos necesarios para implementar las nuevas disposiciones.
La reforma todavía no es ley. Tras obtener media sanción en el Senado, deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, que podrá aprobarla, modificarla o rechazarla.
La propuesta modifica distintos aspectos de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010, con el objetivo declarado de actualizar los procedimientos de atención y ampliar las herramientas disponibles para los profesionales de la salud.
Uno de los puntos centrales es la revisión de las condiciones bajo las cuales puede disponerse una internación sin el consentimiento de la persona afectada. El Gobierno sostiene que el sistema necesita mecanismos que permitan intervenir oportunamente ante situaciones graves, especialmente cuando existe riesgo de daño.
Entre los principales aspectos contemplados por la iniciativa se encuentran:
Internaciones involuntarias: modificaciones en los criterios y procedimientos para adoptar esta medida en determinadas situaciones de riesgo.
Intervención profesional: cambios relacionados con la evaluación y participación de los equipos interdisciplinarios.
Consumos problemáticos: actualización del abordaje de personas con adicciones y otros trastornos.
Terminología legal: reemplazo de determinadas expresiones de la legislación vigente, entre ellas el concepto de padecimiento mental por referencias a afecciones o trastornos mentales.
Aplicación provincial: establecimiento de un marco general para que las jurisdicciones organicen la atención de acuerdo con sus recursos y estructuras sanitarias.
El oficialismo defendió estas modificaciones como una respuesta a las dificultades que enfrentan los pacientes y sus familias para acceder a tratamientos adecuados.
La posibilidad de internar a una persona sin su consentimiento fue uno de los temas más discutidos durante el tratamiento parlamentario.
La internación involuntaria ya está contemplada en la legislación argentina vigente, bajo requisitos y controles específicos. Por eso, la reforma no introduce por primera vez esta posibilidad, sino que busca modificar las condiciones en las que puede utilizarse.
Durante el debate, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich sostuvo que la medida continuará siendo excepcional y que el objetivo es contar con herramientas para prevenir situaciones de daño grave. La legisladora defendió la necesidad de garantizar una atención integral y afirmó que la propuesta procura fortalecer los derechos de las personas durante sus tratamientos.
En ese sentido, el Gobierno considera que los cambios permitirían mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a casos que requieren intervención urgente.
La senadora Ivanna Arrascaeta, miembro informante del proyecto, defendió la reforma al considerar que la legislación actual reconoce derechos importantes, pero presenta dificultades para garantizar su cumplimiento efectivo.
Durante su intervención, señaló que las modificaciones fueron evaluadas en el ámbito del Consejo Federal de Salud y que buscan establecer criterios comunes para la atención en todo el país.
La legisladora sostuvo que el sistema necesita herramientas que permitan intervenir a tiempo y responder a las necesidades de quienes atraviesan problemas de salud mental.
También cuestionó las situaciones en las que una internación termina funcionando como respuesta a la falta de redes familiares, viviendas o dispositivos de acompañamiento.
Por su parte, la senadora radical Silvana Schneider respaldó la iniciativa y destacó la necesidad de ofrecer mayores herramientas a las familias que buscan asistencia para sus seres queridos.
Desde los sectores que acompañaron el proyecto, el argumento principal fue que la actualización normativa podría mejorar la articulación entre profesionales, instituciones y familiares.
El proyecto también recibió cuestionamientos de legisladores opositores, principalmente por sus posibles consecuencias sobre los derechos de los pacientes y la ausencia de recursos adicionales para su implementación.
La senadora María Celeste Giménez Navarro advirtió que los problemas de salud mental no pueden analizarse de manera aislada de las condiciones económicas y sociales. Cuestionó el enfoque del Gobierno y sostuvo que una política sanitaria debe contemplar las desigualdades que condicionan el acceso a los tratamientos.
Otro de los planteos estuvo relacionado con el financiamiento. El senador Gerardo Zamora señaló que las modificaciones podrían trasladar nuevas responsabilidades a las provincias sin garantizar los fondos necesarios para cumplirlas.
La discusión sobre el presupuesto fue uno de los principales puntos de conflicto, ya que la atención de salud mental requiere profesionales, establecimientos adecuados y dispositivos de seguimiento que dependen de distintas jurisdicciones.
Mientras el oficialismo sostuvo que la reforma permitirá ordenar el sistema, los sectores críticos reclamaron garantías para que las nuevas disposiciones puedan aplicarse sin afectar los derechos de los pacientes.
La Ley 26.657, sancionada en 2010, establece un marco de protección de los derechos de las personas que requieren atención de salud mental. Entre sus principios se encuentra la prioridad de los tratamientos que permitan mantener los vínculos familiares, sociales y comunitarios, siempre que resulte posible y adecuado.
La normativa también contempla la participación de equipos interdisciplinarios en la evaluación y atención de los pacientes.
En materia de internaciones, establece que estas deben responder a criterios sanitarios y estar sujetas a garantías específicas.
La internación involuntaria está prevista como un recurso excepcional, vinculado con la existencia de una situación de riesgo cierto e inminente y con controles destinados a proteger a la persona afectada.
La discusión parlamentaria se concentra, precisamente, en cómo modificar ese esquema para permitir intervenciones oportunas sin eliminar las garantías correspondientes.
