La advertencia por el avance del proyecto petrolero
Uno de los ejes centrales del planteo argentino fue la posibilidad de que la explotación provoque daños que no puedan repararse posteriormente. El jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que “una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”. Además, sostuvo que “sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será”.
Durante su exposición, Schrijver detalló las características del emprendimiento, cuya inversión definitiva fue aprobada en 2025. El proyecto será desarrollado por la petrolera israelí Navitas, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper, con el 35% restante.
El plan contempla la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de 30 años, mediante la perforación de hasta 26 pozos y la instalación de un sistema de producción en el lecho marino. Según la delegación argentina, el avance de las operaciones modificaría de manera permanente la plataforma continental y generaría un perjuicio que ninguna resolución posterior podría revertir.
Por su parte, el jurista Marcelo Gustavo Kohen aclaró que la Argentina no pretende que el tribunal se expida sobre la soberanía de las islas para ordenar las medidas provisionales. También recordó que Malvinas permanece en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas pendientes de descolonización y citó la resolución 31/49, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantenga la disputa.
Los fundamentos jurídicos de la presentación argentina
Por su parte, el asesor legal de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal, afirmó que el país acreditó los cuatro requisitos necesarios para obtener medidas provisionales. Se refirió a la competencia prima facie del organismo, la plausibilidad de los derechos invocados, el riesgo real e inminente de un perjuicio irreparable y la urgencia de la intervención.
También rechazó que el Reino Unido presente el caso como un litigio sobre soberanía y reiteró la disposición argentina a negociar “todos los aspectos” de la controversia.
El plan contempla la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de 30 años. (Foto: archivo)
La delegación nacional estuvo integrada por Oyarzábal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, en carácter de co-agente; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; el asesor jurídico Agustín Giustiniani; y los especialistas en derecho internacional Marcelo Gustavo Kohen y Nicolaas Jan Schrijver.
Por el Reino Unido participaron los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, la Attorney General Ellie Reeves y los funcionarios del gobierno de las islas Simon Young, fiscal general, y Jack Ford, integrante de la Asamblea Legislativa.