En el marco de la marcha contra la Corte, el Congreso discutirá la nueva composición del Consejo de la Magistratura

En la cámara baja la oposición presentó ya varios proyectos que prevén una integración de 20 miembros, como fue hasta la modificación de 2006, buscando una representación "equilibrada" de los sectores como dispuso el alto tribunal.

El de más envergadura política es el presentado por el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, que de aprobarse dejaría la integración en 20 miembros, con el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como presidente, y un crecimiento significativo de los jueces, abogados y académicos por sobre los miembros políticos.

Precisamente el consejero y diputado del PRO, Pablo Tonelli, presentó su propio proyecto que deja al Consejo tal como está pero incorpora a un representante de la Corte, "designado por ese tribunal".

Finalmente el exjuez federal y diputado opositor por Formosa, Fernando Carbajal, baja los miembros del organismo a 7: un juez, un abogado, un académico, un representante del pueblo y tres diputados nacionales.

La nueva composición del Consejo de la Magistratura

En tanto el Congreso inicia la discusión el martes, el propio Consejo debe adecuarse al fallo de la Corte, esto es cambiar su actual composición, antes de mediados de abril bajo pena de que sus decisiones pierdan validez.

Apenas conocido esto a mediados de diciembre, el Consejo inició una ronda de consultas entre los representantes de jueces y abogados para organizar las elecciones de los nuevos miembros.

La Corte dispuso que el Consejo debe volver a la conformación sancionada en 1999, modificada luego en 2006, de 20 miembros y para eso se deben elegir dos abogadas, una jueza y un académico/a.

Para este trámite, el fallo otorgó un plazo de 120 días que comenzó a correr el 16 de diciembre, cuando el máximo tribunal firmó su decisión.

En ese plazo, que vencerá el 15 de abril próximo, para seguir funcionando el Consejo deberá supervisar la elección de dos abogadas sobre un universo de asistencia de unos 25 mil matriculados en todo el país, según la última elección de consejeros.

Además, los magistrados también deberán elegir a su consejera, en unos comicios más reducidos con una estimación de participación de alrededor de mil jueces de todos los distritos judiciales.

Y finalmente los rectores de las universidades públicas nacionales y provinciales, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tendrán que designar a su representante.

Todas estas condiciones que el Consejo trata de cumplir contrarreloj, podrían quedar abstractas si el Congreso logra consensuar una norma y aprueba una ley antes del 15 de abril.

La marcha contra la Corte Suprema

Mientras en el entorno de Alberto Fernández evitan pronunciarse sobre el tema y el Gobierno se enfoca en el acuerdo con el FMI, algunos funcionarios que responden a Cristina Kirchner ya confirmaron su respaldo o -incluso- su participación plena en la movilización. Son los casos del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.

Cercano a Cristina, el ex intendente de Avellaneda vaticinó una “gran movilización” de la que participarán “muchos de los perjudicados por las mesas judiciales". La causa por la “Gestapo” bonaerense terminó de dar el puntapié que el sector necesitaba para activar una reacción.

"Lo decía Cristina: antes buscaban militares y hoy buscan jueces para sacarte del gobierno", señaló Ferraresi al hacer referencia al discurso que la vicepresidenta brindó en Honduras.

La convocatoria es para este martes, a las 18, en Plaza Lavalle, en el microcentro porteño, frente a los tribunales donde funciona la Corte. El máximo tribunal está integrado hoy por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorezentti y Juan Carlos Maqueda, quien se recupera de una descompensación.

Mientras tanto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el Gobierno "no toma postura sobre las marchas que organizan los sectores sociales" y se limitó a apuntar que Alberto Fernández está "a favor de una reforma del Poder Judicial".

En Jefatura de Gabinete, donde todavía manda Juan Manzur, tampoco quieren hablar, del mismo modo que en el Ministerio de Justicia. Con excepción, claro está, de Juan Martín Mena, que dijo que la marcha es “positiva”. Pero este último reporta directamente a Cristina.