En medio de causas contra funcionarios, la Oficina Anticorrupción prorrogó la presentacíón de declaraciones juradas

Qué dijeron los funcionarios sobre sus declaraciones

En sus últimas intervenciones públicas, el exvocero sostuvo que cualquier actualización de su patrimonio se realizaría dentro de los plazos institucionales vigentes, que entonces ubicaba hacia fines de mayo. “No tengo nada que esconder”, afirmó a finales de marzo al ser consultado por sus bienes.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado. No voy a discutir mis decisiones económicas en una conferencia de prensa. Yo hago lo que quiero con mi dinero”, había señalado antes de mantener un mes de silencio público. En su entorno, además, aseguran que cuenta con toda la documentación y que “está esperando que se lo pida la Justicia”.

Mientras que Frugoni le confió al periodista de A24, Nicolás Wiñazki, que "es verdad" que posee siete departamentos en Miami, adquiridos a a través de dos sociedades constituidas en ese país, Genova LLC y Waki LLC, que tampoco están declaradas.

"Es todo verdad. Cometí un error", contó Wiñazki que le confirmó Frugoni y dijo que "estaba rectificando su declaración jurada e incluso su declaración ante la AFIP porque en los Estados Unidos pagó impuestos por estos siete departamentos".

Las causas en la Justicia

El expediente que analiza un posible enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni quedó en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. La pesquisa busca establecer si el crecimiento de su patrimonio —propiedades, movimientos financieros y nivel de gastos— guarda relación con los ingresos que declaró.

En ese contexto, también se abrieron otras líneas de análisis. Entre ellas, la posibilidad de que existan bienes no declarados o a nombre de terceros, eventuales maniobras de lavado de dinero vinculadas a circuitos financieros no tradicionales y la hipótesis de dádivas o beneficios indebidos, en particular respecto de gastos que podrían haber sido cubiertos por terceros.

A su vez, se revisan posibles irregularidades de tipo administrativo, como omisiones o incompatibilidades en las declaraciones juradas, en caso de que no se haya consignado de forma correcta la situación patrimonial.

En paralelo, la causa que involucra a Carlos Frugoni por la presunta omisión de propiedades fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. También presentó una denuncia el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, quien sostuvo que las adquisiciones se realizaron entre 2020 y 2022 por un monto superior al millón y medio de dólares.

De confirmarse las irregularidades, la situación podría derivar en sanciones tanto penales como administrativas en el marco de la ley de Ética Pública.