-En qué cambia la nueva reglamentación de prisión preventiva que comenzará a regir el próximo viernes?
- Es un tema de interpretación, no debería cambiar mucho. Ordena los procesos en varias cuestiones, por ejemplo, el tema más discutido ha sido el de las excarcelaciones pero también avanza en regular el Código Penal en cuanto a acuerdos entre el fiscal y el procesado, abriendo nuevas alternativas en el proceso penal.
-Específicamente cuáles son las principales regulaciones que implica la resolución publicada en el Boletín Oficial y qué efectos inmediatos espera el Gobierno?
- Es un camino que venimos transitando. El Código Penal se modificó hace más de 6 años, no tenía regulaciones específicas por ejemplo para llegar a acuerdos entre la Fiscalía y los imputados, como funciona en Estados Unidos y en otros países.
-¿Estos cambios permitirían excarcelaciones masivas de funcionarios y/o ex funcionarios del kirchnerismo actualmente detenidos, vinculados a causas por presunta corrupción?
-En relación a la excarcelación no cambia mucho. Pone pautas objetivas que antes no había en la norma. No debería derivar en la liberación masiva de procesados o imputados. Pero, si un juez quiere dejar salir, o liberar a alguien, no necesitaba este cambio. Es una decisión de cada juez.
Con este cambio, la instrucción a la Justicia como una causa de prisión preventiva incluye ahora el supuesto de la no devolución del dinero (producto) del delito. También se agrega como instrucción para la prisión preventiva que los imputados tengan otras conductas procesales, si tienen condenas o causas anteriores en trámite.
La regulación es mucho mejor que la vigente. Fija pautas objetivas que hasta ahora no había.Hasta ahora solo había jurisprudencia en el tema.
-¿Cuáles son los cambios que considera que mejora el sistema procesal penal en estos casos?
-La reforma fija cuestiones objetivas para aplicar la prisión preventiva como por ejemplo: dar información falsa sobre el domicilio, tener otras causas pendientes, no devolver el dinero del delito, amenazar a testigos de la causa, intentar cambiar la declaración de esos testigos.
Introduce también como un elemento que muchos van a intentar conseguir que es la prisión domiciliaria y el control electrónico como mecanismos novedosos.
En la prisión domiciliaria tampoco había regulación legal, nuestro Gobierno siempre ha impulsado el uso de dispositivos electrónicos para personas sometidas a proceso y los jueces disponían tanto para condenados como para procesados. Por ejemplo, el caso de Lagomarsino tiene dispositivo electrónico. También en casos de detenidos por delitos de lesa humanidad. Esperemos que ese uso de dispositivos de control electrónico se extienda mucho.
-¿Por qué esta resolución sale ahora, a menos de un mes del cambio de Gobierno?
- Es una decisión del Congreso. Hace un año y medio que el Congreso tenía paradas decisiones en materia de Justicia. En el Senado hay más de 200 pliegos pendientes de tratamiento, lo cual es una afectación de la independencia judicial.
Dentro de esos temas demorados estaba esta resolución que el kirchnerismo había bloqueado en el Senado. Ellos lo apoyaron ahora porque tendrán alguna otra intención. Tal vez, intentarán alguna interpretación del Código para beneficiar a determinadas personas, pero creo que de ninguna manera va a haber excarcelaciones masivas.
-¿Cómo ve la transición en el área del ministerio de Justicia?
-No hay transición, el gobierno electo no ha designado representantes. Uno no puede tener diálogo con las personas que suenan para ocuparse del Ministerio.
-¿Qué opina como ministro de Justicia saliente, de la situación en Bolivia, porqué el Gobierno considera que no hay golpe de Estado?
- De ese tema tiene que hablar con Cancillería. No comparto la pregunta que dice que hay golpe de Estado. Es un tema muy delicado. Lo importante es que se llame a elecciones urgente, que se normalice el proceso institucional en Bolivia
