El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, consideró como "insólita” la negativa a renunciar de funcionarios con cargos políticos de la administración macrista, quienes reclaman la doble indemnización para dejar sus puestos.
Salvarezza dijo: "Es una piedra más en el camino que se pone a una gestión, a la que ya han dejado muy complicada en lo económico, y a la que se le suman estas actitudes incomprensibles".
El gobierno de Alberto Fernández designó para ocupar su lugar al físico Pablo Tognetti, uno de los ideólogos del plan satelital que puso en órbita los satélites Arsat 1 y Arsat 2.
Tognetti también fue nombrado como gerente general en la compañía estatal.
Sin embargo, el cambio de mando no pudo completarse porque Raúl Martínez, se "atrincheró" en la empresa tecnológica estatal, según denuncian. Renunció sólo como presidente del directorio, pero pretende mantener su cargo de gerente general, en superposición con la nueva conducción de Arsat.
El directorio cesó en el cargo a Martínez, pero se niega a renunciar. Reclama una doble indemnización a la actual gestión. Hay otros 10 funcionarios políticos de la anterior gestión (7 gerentes y 3 subgerentes). Al igual que en el caso principal, también pretenden una doble indemnización para dejar sus cargos.
Martínez, hombre de confianza del entonces presidente Mauricio Macri, llegó al directorio de Arsat en agosto de 2017, tras ser secretario de Infraestructura Tecnológica y País Digital del Ministerio de Modernización.
En noviembre de 2018 pasó a ser su gerente general y vicepresidente. Finalmente, en julio de 2019, también asumió como presidente de Arsat.
El relevamiento encarado por la nueva administración nacional consigna que se encontraron con más personal administrativo que ingenieros.
A propósito de Martínez, el portal “Nuestras Voces” recuerda que estuvo procesado en los ´90 por contrabando agravado, evasión impositiva y obstrucción de la justicia como cabeza de una firma "offshore con la que los Macri hacían negocios desde la automotriz Sevel", según ese medio.
El expediente nació en 1994. La DGI había estimado la evasión en $55 millones (o dólares, según el uno a uno en tiempos de la convertibilidad). En los tiempos de “Sevel”, Raúl Martínez era el director de Opalsen.
A través de diversas apelaciones, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia. El portal "Nuestras Voces" rememoró que la entonces “mayoría automática menemista", encabezada por el juez Julio Nazareno llegó a un fallo absolutorio. Esa fue una de las causales por la que, más tarde, la Cámara de Diputados utilizó para iniciar el juicio político contra los miembros de esa Corte.
El ministro Salvarezza puntualizó que para los funcionarios políticos lo que corresponde es que den un paso al costado, pero en cambio, “se quieren llevar un dinero que no les corresponde, en lugar de irse como debieran cuando cambia el gobierno".
