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El Gobierno organiza políticas para las cárceles: analizan domiciliaria para detenidos de riesgo

Stella Gárnica / a24.com
por Stella Gárnica / a24.com |
El Gobierno organiza políticas para las cárceles: analizan domiciliaria para detenidos de riesgo

El Gobierno nacional admite problemas para contener los motines que en los últimos días se multiplicaron en las principales unidades carcelarias del país. Por ello avanza en un plan para prevenir contagios masivos de COVID-19 y ya tiene una lista de detenidos en situación de riesgo sanitario para aconsejar la liberación o dictar la cárcel domiciliaria.

Así lo indicaron fuentes oficialistas a A24.com, en el marco de la polémica desatada en los últimos días por los motines en las cárcel de Devoto, que se extendió a otras unidades como Junín, Viedma y Chaco con huelgas de hambre y otras protestas.

Los detenidos por diversas causas penales reclaman igualdad ante los beneficios de prisión domiciliaria que ya recibieron ex funcionarios k detenidos por causas de corrupción, como Amado Boudou y Ricardo Jaime.

El Plan del Gobierno para contener el conflicto

El plan del Gobierno para contener el conflicto sanitario en las cárceles surgió ante el reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se liberen detenidos en condiciones de hacinamiento o riesgo sanitario y se garantice el derecho a la salud ante la pandemia del COVID-19.

El plan fue confirmado esta mañana por la viceministra de Salud, Carla Vizzotti y por el propio Presidente.

Vizzotti dijo que se trata de “favorecer accesos de insumos al contexto de encierro porque el único derecho que se pierde es la libertad, no el de la salud, lo que requiere una estrategia de abordaje, prevención y acción para el control lo más rápido posible de cualquier eventual contagio que pueda suscitarse”.

El coordinador del programa de Salud en contextos de encierro, Guido Sintas explicó cómo el gobierno organiza los operativos de seguridad sanitaria para evitar contagios masivos en las cárceles.

Dijo que “las personas privadas de la libertad conservan el derecho a la salud pero están en una situación que tiene obstáculos para acceder a esos derechos" y dio como ejemplos las dificultades para que un médico acceda al edificio penitenciario o la sobrepoblación.

El funcionario dijo que ya comenzaron con la "articulación de todos los programas del sistema de salud nacionales en cada cárcel federal y provincial" y que tratarán de sacar a aquellos internos que necesiten atención fuera de las unidades carcelarias.

Ya diseñaron los protocolos que fueron publicados en la página web del Ministerio de Salud sobre las formas de accionar cuando una persona ingresa o egresa de la unidad carcelaria, qué hacer ante un caso sospechoso de COVID-19.

También ordenaron hacer "un relevamiento exhaustivo de la población de riesgo que sigue en unidades carcelarias”.

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Para eso, dijo “se están formando promotores de salud de las universidades, para ser un nexo entre el servicio penitenciario, los detenidos y el sistema de salud y transmitir cualquier señal de alarma al equipo de salud desde los penales”.

Alberto desmiente cortocircuitos con el kirchnerismo

En medio de la polémica, el presidente Alberto Fernández salió este lunes a defender al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, cuyo pedido de prisión domiciliaria para ex funcionarios k, como Amado Boudou y Ricardo Jaime, generó revuelo entre los demás detenidos en cárceles del país que el viernes terminaron en motines y reclamos de liberaciones o detenciones domiciliarias masivas.

“Lo que hizo Pietragalla es jurídicamente aceptable. Estamos hablando de derecho. Políticamente, Ricardo Jaime tiene la condena que tiene. Pero estamos hablando de derecho, no de política. Y la Secretaría de Derechos Humanos no se puede negar a esto. Lo cité a Horacio para que me explique y cuando vi lo que habían hecho, no tengo nada para reclamarle”. Con estas palabras Alberto desmintió supuestos roces con el ala kirchnerista que responde a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“La Secretaría de Derechos Humanos tiene entre otras funciones hacer cumplir los tratados, que en la Argentina tienen el mismo peso que la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una recomendación y todo indica que Jaime estaría dentro de esa recomendación”, señaló Fernández.

En tanto, las críticas de la oposición se hicieron escuchar. "El Gobierno es quién impulsa y persigue la liberación de presos y la comisión de la memoria, las comisiones que se armaron entre gobierno, detenidos y la secretaria de DDHH. Es importante, no solo que los presos cumplan sus condenas y no se premie y recompense la corrupción", dice Alvaro de la Madrid, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior de Diputados.

La sobrepoblación, una bomba de tiempo que advierten los jueces

Una resolución firmada este lunes por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires encabezada por el presidente Mario Daniel Caputo y el secretario, Pedro Rodríguez advierte que "la pandemia no admite mezquindades".

Los jueces denunciaron que desde 2015 las cárceles bonaerenses sufren "superpoblación" que consideran "un cóctel explosivo que es necesario desactivar" y aconsejan "medidas excepcionales como la desprisionización".

Este jueves, los jueces penales se reunirán en La Plata con autoridades del gobierno nacional bonaerense y del servicio penitenciario para analizar el listado de posibles beneficiarios de nuevas prisiones domiciliarias.

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La situación en cada provincia

Los gobiernos provinciales y la justicia en cada provincia comenzó a realizar listados de los posibles beneficiarios por ser parte de la población carcelaria de riesgo.

El informe al que tuvo acceso A24.com fue elaborado por la CIDH y el Comité contra la Tortura.

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Los conflictos no están resueltos

Fuentes oficialistas admitieron a A24.com que no está arreglado el conflicto por más que los motines en Devoto se hayan controlado. El domingo se sumaron otros motines en las cárceles de Junin, Viedma y huelgas de hambre en otras unidades como las de Chaco.

En todos los casos, se repiten los mismos reclamos: los detenidos sin condena firme piden su liberación o sino acceder a la prisión domiciliaria como los ex funcionarios.

“Creo que es una época donde va a haber protestas, huelgas y motines permanentemente. Ojalá se puedan contener”, resumió una fuente oficialista sobre la situación que se vive en las cárceles de todo el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que los estados aceleren las salidas de los detenidos" y remarcó que en esos planes deben tenerse en cuenta "las detenciones domiciliarias y medidas más restrictivas como las pulseras".

"El presidente de Chile, Sebastián Piñera liberó a 1300 personas. Los presos están presos no están en cuarentena y el virus se lo llevan los agentes penitenciarios. También hay mucha gente que no está condenada, está detenida, no tienen condena aún y están exponiéndose peligrosamente", advirtió a A24.com Diana Conti, una de los siete comisionados del Comité contra la Tortura.

Conti aclaró que "hubo acordadas de jueces donde también recomiendan a sus inferiores, liberar a quienes están en riesgo".

"Lo que pasa es que en la Argentina algunos tienen la tendencia de no hacer estos análisis complejos y dicen 'quieren aprovechar' la pandemia para no cumplir las condenas, pero es un problema que tiene el mundo", dijo Conti.