Los movimientos sociales buscan lidiar con la inflación. (Foto: archivo).
Si bien el Frente de Todos tiene “atada” su alianza estratégica con movimientos sociales de peso como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, que hoy forman parte del Gobierno, el resto de las organizaciones están en pie de guerra por la escalada de la inflación y el acuerdo con el FMI, con movilizaciones y acampes que no contribuyen a calmar los ánimos en medio de un clima de preocupación.
No alcanzó el apoyo del Evita, que controla parte del Ministerio de Desarrollo Social a través de Emilio Pérsico, ni de Somos Barrios de Pie, que rompió con su organización de base y hoy tiene al diputado Daniel Menéndez como articulador de las bases, para mantener el control de la calle en momentos de tensión.
La inflación del 4,7% de febrero y el tratamiento en el Congreso del acuerdo con el FMI fueron las dos mechas que lanzaron a la calle al heterogéneo colectivo de movimientos sociales, que van desde la izquierda al peronismo disidente, con la modalidad del piquete como bandera.
Los reclamos: aumento del salario mínimo vital y móvil, rechazo al entendimiento con el FMI y contra el “ajuste y la disparada inflacionaria”.
Así, mientras un grupo denominado Bloque de Unidad Piquetera y capitaneado por el Polo Obrero de Eduardo Belliboni se movilizó este martes al Ministerio de Desarrollo Social, con cortes de tránsito en la 9 de Julio, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), una facción del Frente Darío Santillán, montó un acampe en la puerta del Ministerio de Trabajo, en el Bajo porteño.
El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, avisó en varias oportunidades que no van a otorgarse más planes, en un intento de ratificar el objetivo oficial de convertir esa asistencia en puestos de trabajo genuino. Pero las organizaciones díscolas siguen tensando la cuerda.
En la antesala de la reunión del Consejo del Salario, que se dará cita este mismo miércoles, las organizaciones sociales reclaman que el Salario Mínimo Vital y Móvil pase de 33 mil pesos a 64 mil, además de la apertura de cupos en programas sociales como el Potenciar Trabajo, que actualmente está en 16.500 pesos.
Los gremios y las empresas se reunirán este miércoles a las 15 de forma virtual en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde se discutirán también los valores mínimo y máximo de las prestaciones por desempleo y los montos para beneficiarios de los planes sociales.
Los involucrados estiman que el aumento rondaría el 40%, en línea con los acuerdos paritarios que se están cerrando, con la posibilidad de hacer otra revisión a lo largo del año.
Dentro del disparador del 4,7% de inflación de febrero, el rubro alimentos y bebidas fue el que más se alejó con un 7,5% de incremento, y fue también el que más incidencia tuvo en todas las regiones, aportando dos puntos porcentuales al aumento total.
“Pedimos el aumento del salario mínimo y de los planes, y también la apertura o universalización de los programas sociales”, le dijo Belliboni a A24.com mientras preparaba el acampe del Polo Obrero en la sede de Desarrollo Social.
La emergencia es incluso reconocida por los movimientos sociales aliados al Gobierno: “El problema es el 7,5% de aumento de los alimentos. Eso es lo que inclina la balanza”, admitió ante este portal uno de los dirigentes sociales oficialistas para explicar el crecimiento de la conflictividad.
También identifican como una “dificultad” para la paz con las organizaciones el cierre de inscripciones del plan Potenciar Trabajo, aunque aseguran que el diálogo con los “díscolos” no se cortó. Por eso no ven la posibilidad de un desborde de la protesta social.
Ante este escenario, organizaciones que integran el Frente de Todos como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie apuesta a cierto ordenamiento después de la sanción de la ley del acuerdo con el FMI. “Se van a estabilizar un poco las cosas en términos del esquema macroeconómico”, analizaron, en diálogo con A24.com, desde una de esas agrupaciones.
Los dirigentes sociales sostienen que, a partir de esa instancia, la coalición de gobierno debe enfocarse en “resolver” la encerrona económica y tratar de “amortiguarla”, sobre todo la disparada de precios. Con el acuerdo, especulan, habrá mayores certezas que permitirían concretar esa posibilidad.
De todos modos, conceden entre los dirigentes de base, todo depende de si el gobierno de Alberto Fernández es capaz de “mostrar resultados”. “En tanto y en cuanto la cuestión no mejore, obviamente vamos a tener muchas dificultades. Pero hay condiciones para mejorara en algo la situación”, se ilusionan.
¿Es posible que el Gobierno pueda revertir esa tendencia alcista que está repercutiendo en todos los sectores de la economía? Entre los movimientos sociales le otorgan parte de la responsabilidad a la interna del Frente de Todos y admiten con pesar que “hubiera habido mejores condiciones si no hubiéramos tenido tantos conflictos propios”.
“Ahora es una apuesta, y si no arreglamos la economía va a venir un gobierno peor”, advierten, sin vueltas, entre las organizaciones aliadas. El fantasma en ese colectivo es un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, en la sede de Desarrollo Social, la efigie de Evita se alza sobre el campamento urbano.
