La CGT fue a la Justicia para frenar el decreto sobre el derecho a huelga: ¿En qué se basa para fundamentar su rechazo?

Entre los argumentos expuestos en el amparo, la CGT señaló que el decreto presidencial reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas ‘servicios esenciales’ e imponiendo niveles mínimos de prestación (del 75% al 50%) que, en los hechos, "imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza”.

Asimismo, el documento remarca que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga”.

La CGT también cuestionó el uso del instrumento del DNU para avanzar con esta reforma: “Fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional. La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto”, sostuvo la organización.

Por otra parte, el texto subraya que el derecho a la huelga cumple un rol fundamental en el equilibrio de poder dentro de la negociación colectiva: “Su limitación debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”.

Finalmente, la CGT pidió que se dicte una medida cautelar de no innovar para suspender de inmediato la aplicación de los artículos 2° y 3° del decreto. La central argumentó que la suspensión es clave para “evitar perjuicios irreparables al movimiento obrero y preservar el pleno ejercicio de los derechos sindicales mientras se resuelve el fondo del planteo”.