El oficialismo había logrado quórum en Diputados, con 129 legisladores, y bloqueó el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los bloques opositores buscaban que el jefe de Gabinete diera explicaciones sobre su patrimonio.
En ese marco, la iniciativa fue aprobada durante una sesión que también incluyó el tratamiento de la denominada ley Hojarasca, orientada a derogar normas que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de las libertades individuales, además de tratados de extradición y convenios internacionales de cooperación penal.
Los cambios del régimen de subsidios para Zonas Frías
La iniciativa plantea que los descuentos en las tarifas energéticas queden reservados únicamente para los usuarios incluidos dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
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La iniciativa forma parte de la nueva etapa del plan de ajuste del Gobierno. (Foto: archivo)
Ese universo contempla a hogares con ingresos netos de hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT), beneficiarios del Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, ex combatientes de Malvinas que cobren una pensión vitalicia y familias que tengan al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En los casos vinculados a personas con discapacidad, el proyecto establece que la Secretaría de Energía deberá analizar si la condición acreditada mediante el CUD requiere una asistencia específica para afrontar el costo de los servicios energéticos.
En ese marco, la propuesta combina criterios sociales y geográficos para definir qué usuarios podrán acceder a los subsidios.
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El proyecto incorpora al esquema subsidiado la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel. (Foto: archivo)
Además, el texto redefine el alcance territorial del régimen de Zonas Frías y lo restringe a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. A su vez, incorpora al esquema subsidiado la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel dentro de esas áreas.
Qué es la ley Hojarasca que también obtuvo media sanción en Diputados
El proyecto promovido por el Gobierno nacional plantea la derogación de más de 70 leyes y regulaciones vigentes desde el siglo XX, como parte de una nueva etapa del programa económico orientado a reducir estructuras estatales y eliminar normas que el oficialismo considera desactualizadas.
La iniciativa propone revisar legislación sancionada durante distintas administraciones y avanzar con la eliminación de regulaciones que, según el Ejecutivo, generan costos innecesarios para el Estado y restringen libertades individuales. El texto también prevé la fusión y eliminación de organismos públicos creados a partir de esas disposiciones.
Entre sus fundamentos, el Gobierno argumenta que gran parte de las normas vigentes quedaron obsoletas, fueron reemplazadas por legislaciones posteriores o regulan cuestiones de baja relevancia. Además, cuestiona la existencia de trámites administrativos que, según sostiene el proyecto, incrementan la burocracia y generan mayores gastos para los ciudadanos.