La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves, por unanimidad, la condena a 13 años de prisión de la dirigente social Milagro Sala, por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude y extorsión.
La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves, por unanimidad, la condena a 13 años de prisión de la dirigente social Milagro Sala, por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude y extorsión.
La Corte rechazó todos los planteos de la defensa de Sala, a quien ya no le quedan más recursos para revertir la pena dictada en su contra, que empezará a ejecutarse. Hasta ahora ella estaba presa, pero con prisión preventiva.
Pese al fallo de la Corte, es probable que la dirigente, líder de la organización Tupac Amaru, cumpla la condena en su casa por su estado de salud, aunque el gobierno de Jujuy insiste en que debe ser trasladada a una cárcel común.
“Es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas”, argumentó la Corte.
"En consonancia con esa premisa fundamental es que se ha resuelto, reiteradamente, que los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia", aclara.
"En ese marco, el recurso extraordinario federal intentado es inadmisible y, por ello, ha sido bien denegado por el a quo”, argumentó la Corte Suprema en la sentencia este jueves.
Milagro Sala tiene varios causas en su contra, entre ellos el denominado “Pibes Villeros” donde fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita, defraudación y extorsión. Durante el proceso judicial, se comprobó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, entre 2011 y 2015, las que nunca se realizaron.
Para los jueces de Jujuy, Sala fue la jefa de esta asociación ilícita, que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer recursos de programas habitacionales nacionales, los que “fueron utilizados con otros fines”, indicaron.