El máximo tribunal rechazó un recurso del Estado y mantuvo vigente la medida que ordena cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Corte Suprema dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar parte de la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar la actualización salarial del personal docente y no docente, además de recomponer programas destinados a estudiantes de universidades públicas.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron un recurso presentado por el Estado nacional al considerar que no existía una sentencia definitiva que habilitara la intervención del máximo tribunal en esta etapa del proceso.
De esta manera, continúa vigente la cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La causa se inició a partir de un amparo colectivo promovido por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas universidades nacionales. Los demandantes cuestionaron el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.
En ese contexto, la Justicia dispuso como medida provisoria que el Estado avanzara con la actualización de los salarios universitarios correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma, además de restablecer los recursos destinados a programas estudiantiles.
La cautelar no abarca todos los puntos contemplados en la ley. Quedaron excluidos aspectos vinculados con la recomposición presupuestaria de los años 2024 y 2025, así como otros programas de asistencia y fortalecimiento institucional.
Al confirmar la medida, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había considerado que el Estado no logró desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por las universidades. También señaló que el Congreso insistió en la sanción de la ley y advirtió que el incumplimiento podía provocar un deterioro salarial capaz de afectar el derecho a enseñar y aprender.
Antes de llegar a la Corte, el Gobierno había vetado la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Congreso insistió con su aprobación y la norma quedó promulgada. Posteriormente, el Poder Ejecutivo subordinó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento, decisión que derivó en la presentación judicial.
Además del recurso contra la cautelar, el Estado impulsó recusaciones contra los jueces que intervinieron en el expediente y solicitó que los integrantes de la Corte se apartaran del caso por desempeñarse como docentes universitarios. Todos esos planteos fueron rechazados.
Con la resolución conocida este jueves, la Corte cerró también esa instancia y ratificó que la medida cautelar debe seguir vigente mientras continúa la tramitación del expediente principal, donde se analizará la constitucionalidad del decreto 759/2025.
En paralelo, el Gobierno y las universidades habían alcanzado un acuerdo el pasado 10 de junio. Según el acta firmada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes, se estableció una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta los $50.000 millones.
El entendimiento también incluyó una suba del 50% en las Becas Manuela Belgrano desde junio y la continuidad de las negociaciones paritarias hasta septiembre para evaluar nuevas actualizaciones salariales vinculadas a la inflación y a la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2024.
Las partes acordaron retomar las negociaciones paritarias el 15 de septiembre para analizar una nueva actualización salarial basada en la inflación acumulada y una compensación por la pérdida registrada durante 2024.