¿En qué se está enfocando la Justicia mientras el oficialismo negocia el Pacto de Mayo? La Corte dilata las respuestas mientras espera un entendimiento consensuado entre oficialismo y oposición.
Los plazos de la Justicia pueden configurar una tregua para solucionar los desacuerdos de la política. Esa mirada recae sobre las causas contra el DNU 70/23 que desde fines del año pasado recorren una ruta procesal que termina en la Corte Suprema de la Nación. A su vez, hay una serie de casos que se tratan directamente en el más Alto Tribunal, como sucede con las demandas iniciadas por los gobiernos provinciales.
Fue el propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien expresó que a los jueces no les gusta “que la judicialización sea un atajo para evitar el debate político”. Aclaró que se debe “dar una primera chance a la política… Ahora hay reuniones, hay posibilidades de acuerdos, hay conversaciones, nosotros las seguimos también con avidez, porque si esto se resuelve, las cuestiones judiciales quedan de lado”. Lo dijo durante una comida en el Rotary Club de Buenos Aires, mientras el Ejecutivo busca atar lazos con los mandatarios provinciales con vistas al Pacto de Mayo, y envía al Congreso un nuevo paquete de reformas.
En medio de este debate, la semana pasada la Corte le puso un freno a dos de las demandas que tramitan bajo su competencia: rechazó por unanimidad las denuncias por inconstitucionalidad del mega DNU que plantearon el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el expresidente del Colegio de la Abogacía, Jorge Rizzo. Aunque esta decisión no significa un aval a la constitucionalidad, fue recibido por el oficialismo como un respiro.
El planteo de Rizzo, por derecho propio y en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho, promovió una acción de amparo contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad integral del decreto presidencial. Fue rechazado en todas las instancias por lo que presentó un recurso de queja ante la Corte. El Máximo Tribunal entendió “ni él (Rizzo) personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU”.
En cuanto a la acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional que promovió el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, la Corte rechazó in limine porque entendió que “la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta”.
En la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema se tramitan unas 30 causas basadas en las demandas de 17 provincias, que cuestionan el DNU 70/2023, o reclaman por las transferencias que el Estado Nacional recortó en educación, transporte, cajas jubilatorias e impuesto a las ganancias. En rigor las causas no están paralizadas, y sus avances pueden observarse en el Sistema Público de Expedientes. No obstante, mientras no haya definiciones, la política gana tiempo para alcanzar acuerdos extrajudiciales.
En el listado de expedientes figuran los gobiernos de Córdoba, Corrientes, Santa Cruz, San Luis y La Rioja, que le pidieron al Máximo Tribunal que declare la inconstitucionalidad del mega decreto presidencial que derogaba más de 300 regulaciones.
El reclamo de los fondos comprometidos por la Nación en Cajas previsionales, el Consenso Fiscal 2017-2021 y la compensación por la reforma del impuesto a las Ganancias aprobada por el Congreso en octubre de 2023, sumó presentaciones de Formosa, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Fe, Chaco y Chubut.
Entre Ríos también le reclama al gobierno nacional la deuda por la Caja de Jubilaciones, y las regalías y excedentes por la represa hidroeléctrica de Salto Grande.
Por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del interior del país hay denuncias de Santiago del Estero, La Pampa y Chubut.
Misiones, Río Negro y La Rioja se presentaron por el cobro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que no fue prorrogado por el gobierno nacional.
La Provincia de Buenos Aires acudió a la Corte por el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), del Fondo complementario de Transporte, y del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que le había asignado el ex presidente Alberto Fernández.
Asimismo, la ciudad de Buenos Aires continúa pidiendo por la quita de fondos de la coparticipación que recompuso a través de una cautelar la Corte Suprema hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Puertas adentro del ámbito de Tribunales, la Justicia intenta ponerse al día con los nombramientos pendientes y aplicación del Sistema Acusatorio.
Horacio Rosatti, como presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura se reunió con los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, en una visita que realizó a los Tribunales de Comodoro Py.
Del encuentro participaron el vicepresidente primero de la Cámara, Daniel Petrone; el vicepresidente segundo, Diego Barroetaveña, y los magistrados Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Javier Carbajo.
La agenda se basó en el rol de la Casación Federal ante la implementación del Código Procesal Penal Federal y la necesidad de generar una lista de conjueces para cubrir la contingencia. Los magistrados explicaron que siguen trabajando en la elaboración de protocolos, reglamentos y cursos de capacitaciones para la implementación del Código Procesal Penal Federal, además de la incorporación de personal y recursos tecnológicos.
Del mismo modo, Rosatti recorrió por cuarta vez la jurisdicción de Rosario desde que se anunció la implementación del Sistema Acusatorio a partir del 6 de mayo próximo. Se reunió con los integrantes de la Cámara Federal de Rosario Fernando Barbará, Anibal Pineda, Silvina Andalaf Casiello y Élida Isabel Vidal.
La Corte creó 16 cargos de funcionarios y de personal administrativo, técnico y de servicio en la dotación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, y le asignó tres aeronaves al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe para realizar actividades operativas e investigativas de policía en función judicial, orientadas a la lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, autorizó la contratación de seis funcionarios para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario.
Por otra parte, el Consejo de la Magistratura autorizó al Administrador General del Poder Judicial de la Nación a efectuar la contratación de bienes, servicios, la locación de obras e inmuebles.