La declaración jurada que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción: su patrimonio ascendió a $944 millones

Entre las novedades de la presentación aparece además una vivienda ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Adorni declaró el 50% de la propiedad, valuada en $88.594.824, mientras que la otra mitad figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Se trata del inmueble mencionado en la causa judicial en la que el contratista Marcelo Tabar afirmó haber cobrado US$245.000 en efectivo y sin factura por trabajos de refacción. En una declaración rectificativa anterior, la vivienda figuraba únicamente a nombre de Angeletti.

La nueva declaración jurada también incorporó deudas que no habían sido informadas en registros anteriores. Entre los acreedores aparecen Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, dos jubiladas que, según consta en la investigación judicial, otorgaron a Adorni una hipoteca sin intereses por US$200.000 para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Cada una figura como acreedora por $71.250.000.

A ellas se suman Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo. Ambos fueron incorporados como acreedores por $46.312.500 cada uno. Según declaraciones realizadas en la causa, esos montos corresponden a un préstamo equivalente a US$65.000 destinado a financiar reformas en el departamento de Caballito.

La evolución patrimonial informada ante la Oficina Anticorrupción refleja un aumento de los bienes declarados de Manuel Adorni, que pasaron de $662,6 millones a $944,5 millones. El crecimiento responde en parte a revaluaciones de activos ya existentes, aunque también incorpora ingresos por $270,7 millones declarados como no alcanzados por el impuesto a las Ganancias. De ese total, solo $73 millones fueron identificados como provenientes de “herencia, legado o donación”, mientras que el resto aparece sin un detalle específico en la presentación.

La documentación pública tampoco incluye respaldos que permitan verificar el origen de esos fondos, como actuaciones sucesorias, escrituras de donación, comprobantes bancarios o resoluciones administrativas. Esa situación adquiere relevancia al compararse con los ingresos laborales declarados por el funcionario durante el mismo período, que ascendieron a unos $46,5 millones.

A ello se suma que la declaración registra gastos personales por $99,9 millones en dieciocho meses, una cifra que supera ampliamente los ingresos formales informados. La diferencia plantea interrogantes sobre las fuentes de financiamiento utilizadas para sostener ese nivel de erogaciones y sobre la trazabilidad de los recursos incorporados al patrimonio.