La causa que investiga el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner no deja de arrojar capítulos impensados. Esta semana el protagonismo se centró en la figura del diputado Gerardo Millman.

La reacción de Cristina Kirchner al atentado contra su vida (Foto: archivo)
La causa que investiga el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner no deja de arrojar capítulos impensados. Esta semana el protagonismo se centró en la figura del diputado Gerardo Millman.
Todo surgió de un testigo que trabaja en el Congreso de la Nación que denunció ante la Justicia que el 30 de agosto, horas antes del intento de asesinato, se encontraba en un bar llamado Casablanca, donde también estaba Milman en compañía de dos allegadas: Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco.
"Cuando la maten yo estoy camino a la costa", afirmó haber escuchado el testigo que es asesor del diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri.
Las empleadas de Milman, al ser convocadas por la justicia y declarar como testigos en la causa, desmintieron haber oído esa frase. Las dos admitieron que la reunión existió cuando en el juzgado le hicieron saber que las cámaras del bar las mostraban ingresando junto al legislador.
Entonces, la querella de Cristina Kirchner decidió ir por más y le pidió a la jueza que secuestrara los teléfonos de las colaboradoras del diputado. Capuchetti se negó.
El abogado defensor de la vicepresidenta, Marcos Aldazábal, cuestionó la decisión de rechazar el pedido formulado ya que sostiene que el análisis de los teléfonos podría contribuir a esclarecer si Milman sabía o no del atentado contra la vicepresidenta.
Pero Capuchetti rechazó la medida de prueba porque consideró que “no estaba justificada” y “violaba las garantías de privacidad contempladas en la Constitución Nacional”.
El escrito de la defensa de Kirchner, al que tuvo acceso A24.com, cuestiona que se haya descartado ese elemento de prueba sobre la sospecha instalada.
En ese sentido, la querella advirtió que "la investigación no llegará muy lejos" si no se agotan las posibilidades de determinar si lo que declaró el asesor parlamentario fue real o no.
Para ello, consideró la querella, el secuestro de los teléfonos de las colaboradoras de Milman, estaba "plenamente justificados". El rechazo, añadió Aldazábal, limita la posibilidad de corroborar la veracidad de la versión a una confesión del propio Milman o a la declaración de alguien que ratifique lo que dice haber escuchado el asesor parlamentario.
Por su parte, el diputado Gerardo Milman desmintió la acusación en sede judicial y pidió investigar por falso testimonio al asesor legislativo que lo involucró.
“Jamás hice una afirmación como la que el ‘testigo’ ha pretendido como salida de mi boca, quién sabe con qué inconfesables fines políticos”, dijo.
A raíz de esta presentación, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó que en otro juzgado se analice esa denuncia.